El ex alcalde de Cartaya Juan M. Polo ha presentado recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia en Instrucción número 3 de Ayamonte, por el que se transforman las diligencias previas en procedimiento abreviado. Según el abogado del ahora concejal cartayero, el auto contiene un error manifiesto ya que dos de los delitos que se le imputan están archivados y prescritos, el de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio y urbanismo, por lo que solo estaría pendiente el de prevaricación administrativa.
El exalcalde de Cartaya, Juan Polo, ha asegurado que actualmente solo sigue en curso el presunto delito de prevaricación por omisión derivada de un procedimiento administrativo sancionador que, según el denunciante contra Polo, se debería haber iniciado y no se hizo. «Tal procedimiento nunca se llegó a iniciar por asesoramiento técnico de la Secretaría General del Ayuntamiento pues existía un proceso de regularización en curso que afectaba a casi un millar de edificaciones en el campo», ha explicado.
El también presidente de Independientes por Cartaya (ICAR) destaca que el resto de presuntos delitos que el denunciante le imputó ya fueron archivados en su día por diversas resoluciones de órganos judiciales en firme: (Auto de 27 de abril de 2015 dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte en las diligencias previas 1.843/2014) (Auto de 30 de junio de 2015 dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva en el rollo 313/2015) (Auto de 7 de noviembre de 2017 dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte en las diligencias previas 1843/2014)
Por lo tanto, y tras diversas informaciones aparecidas en los últimos días, Polo destaca que la última resolución del juzgado notificada con fecha 17 de junio de 2019 ha sido recurrida por un “error manifiesto” de la misma así como por la “vulneración de diversos preceptos de la Ley reguladora de Procedimiento Penal”.
Y es que, según la defensa jurídica del ex alcalde, en esa última resolución, se le siguen imputando presuntos delitos que ya fueron archivados por las resoluciones anteriormente citadas. Esta defensa asegura que, a día de hoy, el único presunto delito por el que procedimiento continúa es el de prevaricación por omisión, aunque confía plenamente en su ausencia de responsabilidad puesto que existe una clara y detallada declaración de la Secretaría General del Ayuntamiento al respecto.
La Secretaría General del Ayuntamiento de Cartaya recomendó a Polo en su día no iniciar el trámite para no ir en contra de un proceso de regularización de las edificaciones que se había iniciado hacía ya años. Por tanto, el ahora concejal del Consistorio cartayero muestra su tranquilidad en este asunto y quiere trasladar a la ciudadanía un mensaje de confianza al considerar que “no está en riesgo la estabilidad ni la gobernabilidad del municipio”.
Finalmente, Polo recuerda que toda esta causa judicial fue abierta tras la denuncia presentada por un conocido militante y exconcejal del PSOE, por lo que lamenta el uso político que se le está dando a todo este asunto. Y es que, según subraya, «todo esto podría desembocar en el derribo del millar de edificaciones en el campo de cartayeros y cartayeras que se verían afectadas».
