Ecologistas en Acción ha mostrado su apoyo a WWF y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir «ante las amenazas recibidas por el cierre de pozos ilegales«, según asegura la asociación ecologista en una nota de prensa.
«Ante los hechos ocurridos el pasado lunes –comienza la nota–, donde las movilizaciones de agricultores y ciudadanos de Lucena del Puerto impidieron ejecutar el cierre de pozos ilegales declarados por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Ecologistas en Acción muestra su apoyo a la organización WWF y a la CHG por las amenazas sufridas, señalándolas como responsables del cierre de los pozos ilegales que riegan sus explotaciones de frutos rojos».
Para Ecologistas, «es inaceptable en un estado de derecho, donde las leyes están para cumplirlas y las sentencias firmes para hacerlas ejecutar, que quienes han estado -y siguen extrayendo- aguas de forma ilegal, sean quienes determinen si las sentencias deben o no aplicarse según sus propios intereses. La situación es muy grave y a la vez compleja, condicionada por los años de dejadez de las administraciones con competencia en el Espacio Natural. Ni los ayuntamientos, ni la Junta, ni el Ministerio han podido o querido atajar el problema de la expansión del riego ilegal en la Comarca Norte de Doñana, es más, en algunos casos lo han alentado de manera irresponsable».
«Muy peligroso es el discurso que el Partido Popular y Ciudadanos están trasladando a los regantes ilegales, prometiéndoles en campaña electoral y tras la formación del gobierno andaluz, que para otorgarles seguridad jurídica tienen el compromiso del Presidente de modificar el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte Forestal de Doñana. Pretenden dar agua a todos los agricultores, legales e ilegales, esquilmando las aguas que nutren al espacio natural más importante de Europa y compitiendo de forma desleal con los agricultores legales», se añade desde la asociación ecologista.
Para Ecologistas en Acción, «las administraciones locales, autonómicas y estatales deben trabajar con el compromiso de hacer cumplir las sentencias, evitando la sobreexplotación del agua y el deterioro de las masas de agua subterráneas, así como no gobernar bajo la política de hechos consumados».
Ecologistas en Acción rechaza «las propuestas que se plantean para solucionar el problema como los trasvases desde la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras, no solo porque no van a acabar con el problema de la extracción ilegal, sino que encima pretenden utilizar fondos públicos para lograr satisfacer intereses privados, algo que no puede ser entendido por la sociedad cuando se siguen recortando servicios sociales básicos cada día. Estas actuaciones contra natura, desencadenan complejos e inesperados desequilibrios naturales. Son además obras costosas y rígidas (irreversibles) que generan nuevas apetencias que no tienen límite de satisfacción posible, y llevan asociado un inimaginable mundo de intereses económicos y políticos. Ecológicamente son un atentado a los ecosistemas fluviales, tanto a los cedentes como a los receptores».
Ecologistas en Acción concluye indicando que «exige el cumplimiento de la legislación, lo que conllevaría el cierre de pozos y fincas declarados ilegales, por poner en serio riesgo los acuíferos, a la propia agricultura y a los espacios naturales que dependen directa o indirectamente del recurso agua. Desde el movimiento ecologista hacemos un llamamiento a la responsabilidad política y a la recuperación del bosque mediterráneo, sostén de actividades agrícolas y ganaderas respetuosas con el entorno natural y base de un mundo rural en riesgo de desaparición ante el continuo acoso de la especulación en el campo».
