El sector pesquero de cerco del Golfo de Cádiz ha mantenido una reunión el pasado día 24 de julio, , con el director general de Ordenación y Acuicultura, en la sede de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, con el objetivo de tratar la situación de la pesca de la sardina Ibérica, que ha originado una gran decepción en el sector, dado que la Dirección General «no aclaró con que cuota se contaría para la próxima campaña de pesca, centrando el tema sólo y exclusivamente en el tiempo de las paradas biológicas y la articulación de ayudas destinadas a estas paradas», según informado el sector del cerco.
«Nuevamente las empresas pesqueras viven la situación de incertidumbre a la que dicha Administración se está acostumbrando a actuar, mostrando una clara insensibilidad ante la crisis por la que está atravesando el sector que no puede organizar sus campañas de pesca ni realizar previsiones», explican fuentes del sector.
El sector ha reivindicado ante el responsable de la Dirección General que la cuantía de las paradas deben cubrir toda la parada, los 60 días actualmente, y de manera excepcional, para este año 2018-2019 ha contado con presupuesto para abonar 30 días, en anteriores paradas, sólo abonaba 15 días.
Igualmente el sector ha solicitado que se modifique la orden que regula las ayudas, dado que sus exigencias hacen imposible el cobro de estas, vinculando los requisitos del armador al marinero, lo que quiere decir que si el armador no cumple con algún requisito el marinero pierde la ayuda igualmente.
También se le solicitó que las ayudas sean gestionadas por la Comunidad Autónoma, por cercanía, agilidad y celeridad en los trámites, para que se acorten los tiempos de cobro, ya que estos se alargan hasta un año.
Otra de las peticiones del sector pesquero es que el cerco del Golfo de Cádiz pueda beneficiarse de la orden que regula las ayudas “minimis”, destinadas a paliar en alguna medida las pérdidas que durante tres años continuados están sufriendo las empresas pesqueras.
También se solicitó que se convocara a la mesa que está estudiando la necesidad de modificar la orden que regula el Plan de Gestión del Golfo de Cádiz, por entender que no recoge la realidad de las nuevas condiciones de pesca; TACs, cuotas, reducción de capturas, descartes, etc…
Por último, se trasladó, la aplicación injusta de las sanciones calificadas como graves que se les imputa a los barcos, que pagan las sanciones, y son castigados en el tiempo hasta cinco años sin poder beneficiarse de ayudas, cuando «hasta un delincuente habitual tiene mejor tratamiento».
