La Federación Provincial de CGT Huelva ha convocado una concentración para este miércoles, a las 9:00 horas, frente a la sede de los Juzgados de los Social en Huelva, donde se va a celebrar juicio por el despido de su delegado de sección sindical en Giahsa, Mario J. Pérez.
Según informa CGT en nota de prensa, «esta concentración se va a llevar a cabo como muestra de repulsa a la persecución sindical a la que Giahsa está sometiendo a CGT. Cabe recordar que este despido se produce pocos días antes de que se celebren las elecciones sindicales en la empresa, y según esta federación, el despido está relacionado directamente con la posibilidad de que Mario pudiera entrar a formar parte del Comité de Empresa».
Añade CGT, que «el despido de este delegado sindical estando de baja por ansiedad, ha sido muy comentado en la ciudad por las acciones continuadas que CGT ha llevado a cabo para exigir su readmisión. Días antes de su despido, desde el sindicato se realizó una campaña muy importante sobre la falta de aplicación de protocolos contra el amianto en Giahsa, a pesar de que esta empresa trabaja en tuberías fabricadas con este material cancerígeno. Igualmente en la campaña que se llevó a cabo, desde todos los grupos políticos, a excepción del PSOE, hubo un acuerdo unánime en que se iban a solicitar los mapas de las tuberías que contenían amianto, por la posible afectación a la salud pública. A las pocas semanas de que se solicitaran datos sobre los protocolos y la empresa se negara a facilitarlos, el Delegado Sindical y cabeza visible de esta sección fue despedido».
CGT concluye el comunicado indicando que «las múltiples denuncias que han ido firmadas por Mario han sido el detonante de un despido ejemplarizante, encaminado a que ningún trabajador o trabajadora pueda exigir derechos, o pueda denunciar públicamente la situación actual de deuda de la empresa, o que se saquen otros datos sonrojantes como son el tema de la falta de actuación con las tuberías con amianto, o de la financiación de partidos a través de los presupuestos de la MAS con más de 600.000€ anuales para grupos políticos, en un entorno de restricciones presupuestarias y con uno de los precios del agua más caros del estado».
