Piden fijeza para más de 1.000 empleados públicos en fraude de ley

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La Federación de Emplead@s Públicos de UGT Huelva está llevando a cabo una campaña por toda la provincia de Huelva reclamando, inicialmente por la vía administrativa, la fijeza de todo el personal de las administraciones públicas, donde un importante número de empleados y empleadas públicas acumulan numerosos años sin que a través de oferta de empleo público, se haya querido regular dicha situación. Desde el mes de junio se está llevando a cabo una serie de asamblea de trabajadores y trabajadoras por toda la  provincia, informando del posible alcance de dicha sentencia y de las repercusiones que pudieran tener sobre las enormes bolsas de personal en fraude de ley que hay en las administraciones públicas.

Esta iniciativa legal parte del contencioso-administrativo de la Comunidad de Madrid, que ha planteado dos cuestiones prejudiciales  al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Si fuera favorable la sentencia, como efecto sancionador contra las administraciones españolas por el uso abusivo de la temporalidad, podría permitir convertir en laborales fijos o funcionarios de carrera, sin proceso selectivo, a todo el personal de las administraciones que se encuentren en situación de fraude.

Desde 1999 la Unión Europea viene reclamando a España que tiene que acabar con la enorme temporalidad en sus administraciones públicas, sin que por parte de ninguna administración, ni en ningún momento de este periodo, se hayan sentado las bases para solucionar esta situación. Todo ello ha acarreado a este personal perjuicios económicos, de promoción interna y de movilidad bastante importantes.

Desde UGT defienden que para acceder a una plaza en propiedad hay que cumplir estrictamente los principios constitucionales de igualdad, merito, capacidad y libre concurrencia; pero también ven como un escándalo que las propias administraciones abusen de manera fraudulenta de la temporalidad en los contratos de trabajo y del nombramiento, dándose bastantes casos en los que, incluso superando los veinte años de trabajo en lo público, aún no se haya regulado esta situación; con el perjuicio que ello conlleva también a la hora de afrontar un proceso selectivo.

En principio, proximamente se conocerán las conclusiones del Abogado General del Tribunal Superior de Justicia de La Unión Europea, lo cual dará una idea del veredicto  que el propio TSJUE dará a conocer, probablemente, antes de finales de año.


UGT pondrá los recursos necesarios al servicio de los empleados y empleadas públicas para apoyarlos, según lo que dicho Tribunal determine.

 

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