«Tranquilo porque no tengo nada que esconder». Así se encuentra el secretario general del PSOE onubense, Ignacio Caraballo, al ser preguntado esta mañana el jueves por el llamado ‘caso Aljaraque’, en el que aparece como investigado, junto a otras cuatro personas, por una supuesta compra de voluntades para evitar que prosperara una moción de censura auspiciada por el PP en 2017, que finalmente no se llevó a cabo al echarse atrás dos concejales de Sí se Puede-Aljaraque.
El líder de los socialistas onubenses no cree que acabe en el banquillo, pero ha asegurado que si así fuera no tendrá ningún problema en dimitir y dar un paso atrás. «Si me tengo que ir me voy, no tengo que esconder absolutamente nada y si la jueza llega el momento que me tenga que sentar en el banquillo yo me voy con la cabeza alta y aquí paz y después gloria». Además, ha insistido en que no hay grabación alguna en la que él aparezca de forma directa, ya que la única grabación existente se realizó a una persona que lo nombra a él, diciendo que la operación tenía su visto bueno.
Ha incidido también en el hecho de que tanto la empresa que ordenó la contratación de una auxiliar administrativo, que sería el pago indirecto a uno de los ediles de Sí se Puede Aljaraque, como Adecco, han manifestado no haber tenido ningún contacto con él, algo que corroboran además los dos ediles implicados, que tampoco tuvieron ninguna relación directa con Caraballo.
Caraballo ha manifestado que confía en la justicia y ha insistido en el hecho de que él no está imputado, porque la causa está en fase de instrucción, al tiempo que ha mostrado su tranquilidad porque no ha robado nada ni considera que sea suficiente para su enjuiciamiento el que una tercera persona dijera en una grabación que tenía su visto bueno.
Respecto a las peticiones de dimisión solicitadas por otras formaciones políticas, Caraballo ha dicho que lo que único que tratan es de «enfangar el terreno de juego», y los ha acusado de no tener argumentos para hacer política».
Y cuando sea declarado culpable alegará que caben recursos. Resulta lógico pensar que tanto la moción de censura como su aborto tenían alguna compensación a cambio; tan tontos no somos. El problema de fiscalía es demostrarlo y entiendo que no va a pasar como en el caso Orta, el otro Orta, que se les fue de las manos. Los ediles de SSPA estaban repudiados por las bases y lo único que podían hacer es venderse al mejor postor y pasar la legislatura lo más tranquilos posible, pero les salió mal.