125 organizaciones han advertido a la Junta de Andalucía de que emprenderán acciones legales si ceden los datos de personas migrantes en situación irregular. Las organizaciones denuncian que el acuerdo de PP y Cs con Vox vulnera la Ley de Protección de Datos, el Reglamento de la UE de Protección de Datos, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Declaración Universal de los Derechos Humanos
La gravedad de la situación ha provocado que, en menos de 24 horas, un total de 125 organizaciones se hayan puesto de acuerdo para emitir un comunicado y advertir a la Junta de Andalucía que emprenderán “todas las vías administrativas y judiciales a nuestro alcance” si siguen adelante con el acuerdo suscrito «entre el Partido Popular, Ciudadanos y la fuerza ultraderechista, VOX, por el que se comprometen a ceder los datos a la Policía y Guardia Civil de las personas migrantes en situación irregular».
Las entidades han remitido al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, una carta en la que recuerdan al Gobierno andaluz que todas las personas, independientemente de su situación administrativa, “tienen derechos fundamentales” y que “el acuerdo anunciado vulnera el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el Reglamento UE de Protección de Datos de 2016 y la Ley Orgánica de Protección de Datos”, por lo que le requieren a que “dé marcha atrás respecto al acuerdo firmado con VOX” y rechace expresamente la iniciativa.
La propuesta de cesión de datos a partir de ficheros sanitarios y sociales, que permitiría su identificación, localización y posible expulsión del territorio español, se enmarca en el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020. El acuerdo, firmado durante el mes de junio de este año, contiene un total de 35 puntos que, tal y como han manifestado las entidades, son “claras concesiones al ideario ultra de VOX”.
Algunas de las organizaciones ya anunciaron que el “acuerdo firmado el pasado verano suponía una criminalización de las personas migrantes”. Ahora, la ratificación de aquel acuerdo, sostienen, “está más cerca de materializarse”. En concreto, el punto 27 del documento recoge una propuesta de “Convenio de colaboración con el Ministerio del Interior en materia de inmigración irregular” que, a ojos de las organizaciones, “supone un flagrante atentado contra los derechos fundamentales de las personas migrantes”.
En cuanto al contenido de dicho acuerdo, “se solicita la creación de una institución de coordinación entre las Administraciones autonómica y estatal” que facilite la información sanitaria y social con “el único propósito de agilizar las expulsiones de personas migrantes”. Según las organizaciones andaluzas, el solo anuncio de esta medida “va a generar un efecto de desaliento en el acceso a los servicios sanitarios y sociales”. Se trata de un efecto que, tal y como informó el Defensor del Pueblo Español (DPE) en julio de este mismo año, se está produciendo cuando las personas migrantes interponen una denuncia ya que, como reconocía, “recibe incesantes quejas de personas extranjeras que al acudir a denunciar haber sido víctimas de delito, salen de las dependencias policiales con un expediente sancionador de la Ley de Extranjería por situación documental”.
Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ya afirmó en enero de este año que “desde los Colegios de Médicos de Andalucía se piensa solamente en mejorar la sanidad” y que se oponen a “identificar ni a ir en contra de ninguna persona por su color o por su signo político”, en un claro posicionamiento contra esta iniciativa.
