El Ayuntamiento de Punta Umbría va a celebrar este jueves, 31 de octubre a las 12 horas, el pleno extraordinario para debatir sobre las consecuencias y responsabilidades políticas y económicas tras la Sentencia 216/2019 de 18 de septiembre de 2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Huelva que anula el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría de 27 de septiembre de 2017 por el que se aprueba la enajenación de las parcelas del SUNC/Antiguos depósitos, según ha recordado en nota de prensa el portavoz de UPU, José Carlos Hernández.
En el orden del día propuesto, también se incluye “requerir a la alcaldesa que inste a la representación procesal del Ayuntamiento en el citado procedimiento a no oponerse a la ejecución provisional de la Sentencia, algo que ya hemos solicitado en el Juzgado, a la vista del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia por ayuntamiento y empresa ” anunció Hernández Cansino.
Según el Portavoz de UPU, a fecha de hoy, no se han generado motivos para indemnizar a la empresa, que –ha matizado- “desde el primer momento era conocedora del procedimiento judicial”, por lo que habría que devolverle el importe de la operación de compra, los gastos de ejecución (por las obras de demolición realizadas y las que se llevaron a cabo en la red de suministro de agua) así como el importe abonado por licencias y fianzas, mas intereses de demora. Según ha cifrado la interventora en el informe solicitado para el pleno por UPU dicha cantidad ascendería a 5.163.066,75 €. Por ello es importante que se paralicen los trabajos y que se ejecute provisionalmente la sentencia. “Es pura prudencia que la alcaldesa tome cartas en el asunto y no se oponga”, medida con la que además no se generarán más gastos, añadió Cansino.
“La responsabilidad del equipo de gobierno y las concejalas tránsfugas que votaron a favor del proyecto a sabiendas de su ilegalidad son obvias”, según José Hernández que añadió que “la Sentencia que anula el proyecto era la crónica de una muerte anunciada. Avisamos de que el plan era ilegal, nulo de pleno derecho, desde el minuto uno, el mismo día de septiembre de 2017 en el que el Pleno dio luz verde a la enajenación de las parcelas”.
Por eso – ha argumentado – “los eventuales daños que se generen a la empresa o indemnizaciones, tendrán que asumirlos quienes aprobaron el proyecto a sabiendas de que era ilegal, con los avisos que se han dado y las sentencias que existen con pronunciamientos por similares casos, tendrán que pagar con su patrimonio personal, los cuales se incrementarían si no se para ya el proyecto”.
“Es el momento y el lugar para que de una vez la alcaldesa dé y asuma responsabilidades” afirmó Hernández Cansino.
Otros asuntos del pleno
En el orden del día del pleno, también se han incluido otros asuntos urbanísticos en los que están implicados los mismos promotores del proyecto de las torres.
Así, se debatirá sobre las consecuencias y responsabilidades políticas y económicas de la reclamación interpuesta por RIAUMBRÍA UTE por importe de UN MILLÓN NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS Y 0CHENTA Y UN CÉNTIMOS (1.094.423,81 €) por intereses de demora por incumplimiento del Ayuntamiento del contrato de compraventa de los locales comerciales de la ED2 (Urbanización La Marina), adquiridos en 2007 por el equipo de gobierno del PSOE.
Según Hernández Cansino “las arcas públicas ni pueden ni deben asumir el pago de unos intereses devengados por la decisión del equipo de gobierno todos estos años de no pagar lo que debía”.
Igualmente también se somete a la aprobación del pleno Requerir a la Alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Punta Umbría que inicie los trámites correspondientes para la tramitación del expediente de resolución del contrato de enajenación mediante procedimiento abierto de parcelas de terreno denominadas M1 y M3, sujetas a la construcción de Viviendas de Protección Oficial en Régimen Especial en venta y la manzanas M2 y M4, sujetas a la construcción de Viviendas Protegidas en Régimen General en Venta situadas en el sector SUO-1 para la promoción de viviendas protegidas adjudicado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 8 de noviembre de 2010 a la entidad AGRUPACIÓN RIAUMBRÍA S.L, por incumplimiento del plazo de urbanización y/o edificación conforme la condición resolutoria prevista en la Cláusula XII 1. c) del Pliego de Condiciones que regula el contrato.
Según Hernández Cansino, “no deja de ser curioso que mientras los mismos empresarios reclaman intereses de demora por el incumplimiento de pago del precio de los locales al ayuntamiento, la alcaldesa mira hacia otro lado ante el incumplimiento de la propia RIAUMBRÍA de construir en los plazos contractuales las viviendas protegidas en la parcela que le adjudicó el propio ayuntamiento”.
UPU pretende rescatar esa parcela para la construcción de 180 viviendas protegidas en régimen de alquiler social, de alquiler con opción de compra o similar, y por ello también propone que tramitado el expediente de resolución del contrato correspondiente, la parcela referida revierta al patrimonio del Ayuntamiento de Punta Umbría.
