(Firma: PCA) Frente a las noticias que pretenden señalar que los trabajadores y trabajadoras no quieren trabajar, a causa de los malos datos de contratación para la campaña agrícola de recolección de frutos rojos y cítricos en la provincia de Huelva, desde el PCA queremos manifestar nuestra repulsión ante las declaraciones de determinados oligarcas, como el presidente de la FOE, García Palacios, que se han enriquecido a base de mal pagar a sus trabajadores, a aprovecharse de la PAC y a especular. Asimismo, queremos mostrar nuestra perplejidad ante las declaraciones de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía por su desconocimiento de la situación del trabajo agrario, al señalar que la baja contratación se debe a que el sistema empleado no funciona adecuadamente o no hay suficiente información. Unos representantes públicos que no conocen la materia sobre la que tienen que legislar solo pueden llevarnos al desastre.
Seamos realistas, la baja contratación se debe a que ninguna persona trabaja en el campo bajo las condiciones actuales por mucho tiempo, por ello la clase trabajadora foránea no empieza a trabajar en el campo hasta que no le queda más remedio y abandona el campo ante la mínima oportunidad. Así la clase trabajadora migrante es la que acaba ocupando estos puestos de trabajo, no porque le guste abandonar sus países, que les humillen y exploten, e incluso abusen de ellas en el caso de las mujeres, sino porque necesitan ganar ese dinero y es el único puesto de trabajo al que pueden optar en España, ya que es lo que dispone la patronal.
A propósito de la clase trabajadora migrante y sus condiciones de trabajo, no podemos dejar de pensar, a partir de las averiguaciones que hemos podido hacer, que existe una cadena de sucesos y de prácticas irregulares, para nada casuales, que se dan en las relaciones entre el Ministerio de Empleo, la Consejería de Empleo de la Junta, la patronal fresera, el Ministerio de Empleo Marroquí y algunas empresas de colocación, que acaban favoreciendo la existencia de un mercado de fuerza de trabajo, que no respeta ni siquiera nuestra legislación en materia de trabajo y que en algunos casos se trata de esclavitud (como se demostró recientemente con la operación UROFORT).
La clase trabajadora del campo onubense y migrante no le deben nada a la gran patronal agraria, como pretenden hacernos entender con su discurso clasista y racista, sino más bien al contrario, ya que sin éstos, los patronos tendrían que dejar de cultivar o hacerlo ellos mismos, ya que no han tenido ni siquiera la decencia de invertir en la modernización productiva y en las mejoras salariales necesarias, para que la riqueza producida revierta en nuestra tierra. Por tanto, quizás es la patronal la que tendría que replantearse qué salarios están ofreciendo, a cambio de qué condiciones.
Desde el PCA en Huelva denunciamos desde hace tiempo que la actividad económica agrícola en España está tremendamente atrasada y orientada a la obtención de beneficios mediante la especulación en los mercados internacionales, por parte de empresas multinacionales y sus filiales nacionales, que pagan los productos en origen a precios ridículos y obtienen grandes beneficios, acaparando la producción y obligando a los pequeños agricultores a recurrir al monocultivo de los productos que éstas pagan un poco mejor, para poder mantener su actividad.
Esta práctica especulativa no solo pone en riesgo nuestra seguridad y soberanía alimentarias, sino que además genera una subida de los precios para el trabajador, que además de estar mal pagado, paga la cesta de la compra a precios desorbitados. Esto se da gracias a la complicidad entre las patronales y los gobiernos de España y la UE, que utilizan instrumentos como la PAC, la legislación laboral y la política migratoria, destinadas a abaratar costes salariales y garantizar los beneficios económicos de los especuladores.
Asimismo, ante esta dinámica, existe un riesgo claro en los próximos años de que estalle la burbuja económica de los frutos rojos, ya que cuando la gran patronal agraria termine de instalarse en países donde las condiciones laborales son mucho peores, la competencia provocará la bajada de los precios del producto, arruinando a los pequeños propietarios, provocando que decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, solo en nuestra provincia, se encuentren sin empleo y que se hayan expoliado recursos hídricos innecesariamente.
Para proteger a la clase trabajadora, nuestros recursos naturales y a los pequeños agricultores, es necesario dar un giro, con políticas que favorezcan una producción agrícola diversificada, racional e industrializada, que genere mejores puestos de trabajo y productos de calidad, destinados a satisfacer las necesidades alimentarias y que aleje las garras de los especuladores y grandes patronos de nuestros campos y nuestros alimentos.
