El sindicato CSIF ha protagonizado en la mañana de este jueves una concentración de protesta para exigir al Gobierno que cumpla y garantice la subida salarial pactada de un 2% a partir del 1 de enero del próximo año para todos los empleados públicos, un colectivo que supera los 30.000 trabajadores en la provincia de Huelva y que asciende a más de dos millones y medio a nivel nacional. La movilización, que se ha repetido de forma simultánea en todas las capitales de provincia del país, ha tenido lugar frente a la Subdelegación del Gobierno y supone la primera de una batería de iniciativas y manifestaciones para pedir el cumplimiento de las mejoras laborales y salariales acordadas en 2018.
El pasado mes de octubre, el presidente del Gobierno envió una carta a los sindicatos en la que condicionaba la subida salarial a que el Ejecutivo “esté en plenas funciones”. CSIF valora este gesto pero advierte de que “los empleados públicos no van a tolerar que se retrase ni un día una subida salarial que está firmada y pautada desde el año pasado”.
En este sentido, la central sindical ha reclamado en la concentración que aunque el Gobierno esté en funciones se haga efectiva la medida por la vía del Real Decreto ya está facultado para dictar esta norma; por este motivo, la central sindical entiende que “la prometida mejora queda al arbitrio de su voluntad política”. En esta línea, se pronunciaba el presidente provincial de CSIF en Huelva, Juan Manuel Quilón, asegurando que “no vamos a tolerar que los trabajadores paguemos el pato de nuevo ni que nuestras condiciones laborales se vean perjudicadas por la falta de acuerdo para formar un Gobierno estable. El panorama es aún más preocupante si consideramos que los empleados públicos todavía arrastramos una pérdida de poder adquisitivo de más del 20% pese a que hemos sostenido sobre nuestros hombros el funcionamiento del Estado durante la crisis con profesionalidad, dedicación y sobreesfuerzo por la falta de personal y de inversiones”.
Deterioro de los servicios públicos
En la concentración de hoy también se ha puesto el foco “en la situación de deterioro que afrontan los servicios públicos por la parálisis del Gobierno central y la inercia que se traslada al resto de administraciones públicas”, explicaba Quilón. Respecto al empleo público, “se ha producido un parón en las convocatorias, lo que supone más temporalidad y precariedad y un paso atrás en la calidad de los servicios públicos por la falta de plantillas”. En concreto, sólo se han llevado a cabo el 20% de las convocatorias para las 250.000 plazas acordadas en 2017.
Por sectores, en Sanidad se han destruido 50.000 empleos en los últimos dos meses coincidiendo con la llegada de las bajas temperaturas lo que supone, nuevamente, situaciones de saturación en urgencias hospitalarias y centros de salud y aumento de las listas de espera diagnóstica y para intervenciones. A todo ello se añade el retraso en las ofertas de empleo público. En Educación también hay una gran inestabilidad laboral y no se están negociando cuestiones esenciales como los horarios lectivos o las ratios de alumnos por docente. En el sector de Justicia la parálisis del Gobierno ha bloqueado la negociación colectiva, se acumulan los expedientes (como los derivados de las cláusulas suelo) y se producen retrasos porque se ha frenado la apertura de nuevos juzgados.
Todo ello coincidiendo con las previsiones que han hecho públicas distintos organismos nacionales e internacionales en las últimas semanas en las que se han rebajado las previsiones de crecimiento para España en 2020 y han alertado sobre un deterioro en la creación de empleo. “Una situación aún más grave en el actual escenario de incertidumbre política y sobre el que CSIF quiere dar la voz de alarma”, apuntaba el presidente de la central sindical en Huelva.
Finalmente, CSIF asegura que las movilizaciones iniciadas hoy continuarán con más medidas de presión si el Gobierno no ejecuta lo pactado en el II Acuerdo de mejora en el empleo público y de condiciones laborales para todos los empleados públicos.
