El Sector de Educación de CSIF se ha hecho eco de la «incertidumbre y crispación existentes en el profesorado andaluz por la falta de información sobre el proyecto de la Consejería de Educación y Deporte de creación de centros que integren las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria e, incluso, Bachillerato y Formación Profesional (FP), además de abordar cambios en los centros públicos rurales (CPR) y los centros que aglutinan a alumnos de Infantil, Primaria y 1º y 2º de ESO, conocidos como SEMI-D».
El sindicato rechaza la forma en la que Consejería está dando a conocer esta medida, al estar siendo anunciada como un hecho consumado y sin haber sido negociada con los representantes de los docentes en los foros de diálogo establecidos para ello, que son la Mesa Sectorial de Educación y el Consejo Escolar de Andalucía. “Nos preocupa la escasa información con la que contamos a día de hoy sobre este asunto, ya que en CSIF consideramos que implementar una medida de este calado requiere de una minuciosa planificación alejada de cualquier tipo de improvisación”, resalta la organización.
CSIF alerta de que la puesta en marcha de esta reforma supondría la remodelación, la adecuación y la creación de nuevos centros en toda la geografía andaluza, para lo que sería necesaria una ingente cantidad económica. CSIF indica que “nos tememos que la reducción paulatina de niveles educativos en los IES a favor de los supuestos centros integrados podría suponer la minoración de las plantillas, desplazamientos y supresiones entre el profesorado, algo que desde esta central sindical nos oponemos frontalmente”.
Del mismo modo, destaca que “una propuesta de esta magnitud modificaría el actual mapa de centros y adscripciones entre los mismos, además de requerir una planificación temporal para conocer qué centros se verían afectados, en qué momento y con qué presupuesto”.
Por todo ello, CSIF reclama a la Consejería que se convoque en el menor plazo de tiempo posible la Mesa Sectorial de Educación para conocer en profundidad este proyecto y abrir un proceso de negociación “siempre desde la transparencia y la objetividad de los datos que se ofrezcan al respecto”. “En todo caso, rechazamos que esta medida suponga una merma de las plantillas y/o un empeoramiento de las condiciones laborales y salariales del profesorado”.
