Prevaricación y malversación, ¿en qué consisten?

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Dos delitos que tienen una misma naturaleza y que, sin embargo, guardan una serie de diferencias significativas

Apenas se cumple un mes desde que condenaran al onubense Juan Márzquez a siete años de prisión por su implicación en el ‘caso ERE’. A pesar de solo haber permanecido un año como director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, la Fiscalía Anticorrupción le imputaba delitos por prevaricación y malversación, dos conceptos que suelen ir de la mano y que, sin embargo, siguen suscitando dudas para parte de la sociedad. ¿En qué consisten realmente?

Para conocer más sobre estos términos hay que ahondar en el fondo de los mismos y encontrar el denominador común que los una. Generalmente al hablar de estos casos se hace referencia a un sujeto que saca provecho de una posición laboral privilegiada y/o mantiene una conducta punible con el patrimonio público. En el caso concreto de Márquez, se cometieron distintas irregularidades que provocaron que el Tribunal de Cuentas lo condenara a pagar 446.339 euros, una cantidad que obedece al dinero público perdido durante su mandato.

Parte de esta cifra se destinó en forma de subvención. Por poner ejemplos ilustrativos que ayuden a explicar estos delitos, a tres cooperativas vinculadas a la federación que Márquez había presidido. Asimismo, al ex director general de Trabajo se le achaca la concesión de ayudas económicas no justificadas, siendo la de la asociación minera Faja Pirítica la más sonada. Una situación que, en palabras del Tribunal, “constituyó un hecho dañoso para los fondos públicos que debe ser calificado como alcance o malversación”.

¿En qué se diferencian prevaricación y malversación?

A pesar de ser nociones similares, conviene recalcar las disimilitudes existentes entre ambos principios. El abogado penalista Arturo González, de Dexia Abogados, apunta de forma inicial que “la principal diferencia sería el beneficio económico”, y recuerda que “son delitos distintos, aunque tengan la misma naturaleza y pueden darse de forma conjunta al realizar determinadas acciones delictivas”.

Tras esta aclaración prosigue su explicación: “Si cometes delito de prevaricación, utilizas tu posición para tomar ciertas decisiones vinculantes que pueden favorecer o perjudicar a otro sujeto, ya sea económicamente o no; sin embargo, si cometes delito de malversación, siempre estaríamos hablando de defraudaciones al patrimonio público”. 

Queda claro entonces que en los casos de malversación existe, o bien una administración desleal cometida por la autoridad o por un funcionario público, o bien una apropiación indebida del patrimonio público al que tiene se tiene acceso por ostentar un cargo. Mientras que en el delito de prevaricación, un sujeto se aprovecha de su posición laboral (funcionario, juez o magistrado y abogado o procurador) para favorecer a un tercero con sus acciones. 

Hay que aclarar que en el delito de malversación no es necesario el enriquecimiento del sujeto activo del delito, sino que es suficiente con que se utilice o destine de manera ilegal el patrimonio público. 

¿Qué penas conllevan estos delitos?

En líneas generales estos delitos, especialmente el de prevaricación, conllevan un período de inhabilitación para la profesión en función del cargo o empleo público que desempeñe el individuo implicado, aunque también puede sancionarse con una multa de varios meses. Sólo en los casos más flagrantes de prevaricación judicial entraría la pena de prisión, que “será de 1 a 4 años, en su mitad superior si la sentencia injusta está ejecutada”, tal y como reconoce González.

Mientras que, en los casos de malversación, “la pena puede ir de los 2 a los 6 años de prisión hasta de 4 a 8 años, en función de la cuantía malversada o del perjuicio causado. Si esta cuantía excediera los 250.000€ se aplicaría la pena más alta en su mitad superior”, explica el letrado penalista.

El ‘Caso ERE’

Si uno piensa en este tipo de delitos, enseguida recuerda el ‘Caso ERE’ donde Juan Márquez se vio implicado. Arturo González trata de analizar lo acontecido: “El principal problema surgió cuando se concedían estas subvenciones a personas y empresas con ausencia total de control”. 

El jurista recalca los problemas que desencadenó esa libertad, ya que “se estaban dando fondos públicos sin tomar las precauciones debidas y esta ausencia de control fue utilizada por determinados políticos para favorecerse a ellos mismos, a sus empresas o conocidos“.

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