Técnicos de integración e intérpretes de signos, llamados a la huelga

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El sindicato CCOO ha convocado para el próximo 15 de enero una huelga entre el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y los intérpretes de lengua de signos por el mantenimiento de sus puestos de trabajo en los centros educativos públicos, ahora externalizados, tras el anuncio por parte de la Consejería de Educación y Deporte de convertirlos en públicos.

Así lo ha anunciado en la mañana de este jueves en rueda de prensa el secretario general de CCOO en Huelva, Emilio Fernández, junto a María José López Fernández delegada del comité de empresa de SAMU y María Benjumea del comité de empresa de Al Alba.

CCOO epone que, a raíz del Informe General de la Junta de 2016, “queda claro que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) no tiene competencias para la contratación del Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales ni el de Interpretación de Lengua de Signos, y que la Consejería de Educación tiene hasta el 2022 para convertir estos puestos en públicos. Como consecuencia de ello, el pasado julio, la Consejería de Educación y Deporte comunicó su intención de rescatar dichos servicios”.

Para la central sindical “la administración está utilizando una engañosa intencionalidad tanto con el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) como con Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE), haciéndolas creer que acceder al empleo público a través de la bolsa de trabajo es la única solución para ambos colectivos, y que la administración no es la culpable de que no se pueda materializar la continuidad en sus puestos de trabajo una vez rescatados ambos servicios”.

Desde CCOO se recuerda que el personal contratado en ambos servicios externalizados de la Junta supone casi 130 trabajadoras que atienden al alumnado con necesidades educativas especiales, que desarrollan su labor en 102 centros de la provincia de Huelva, siendo un colectivo altamente feminizado con casi el 90% de mujeres trabajando en jornadas parciales. El personal intérprete de lengua de signos en la provincia es de 15 personas.


Desde CCOO declaran que “a esta fecha, con las propuestas hechas por la Consejería de Educación y Deporte estas casi 1.400 trabajadoras no tienen garantizada la continuidad en sus puestos de trabajo una vez se produzca el rescate de ambos servicios educativos”.

Por ello, istan a la Junta de Andalucía a revertir dichos servicios privatizados en públicos, aplicando lo que dice la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público en su Art. 130.3: “En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”.

Desde que la Consejería comunicó que asumiría directamente dichos servicios, CCOO ha realizado asambleas informativas y ha llevado a cabo acciones de protesta sin que la Junta haya convocado a los sindicatos a negociar una solución para estas trabajadoras y trabajadores. Por este motivo, CCOO ha convocado un calendario de movilizaciones para los próximos meses, y cuya primera jornada de movilización tendrá lugar el 15 de enero con una huelga y una concentración a las puertas de la Consejería de Educación y Deporte.

Asimismo, el sindicato ha anunciado una concentración en la Delegación de Educación de Huelva el miércoles 22 de enero a las 17.30 horas, y el 29 una concentración de delegadas en Sevilla en la Consejería de Educación.

Se reprocha a la Consejería de Educación “obviar a quienes vienen sosteniendo la prestación de estos servicios con contratos precarios, a tiempo parcial, percibiendo salarios y condiciones muy inferiores a los que le hubiese correspondido de estar contratados directamente por la Junta de Andalucía, que, además, pese a estas diferencias, en muchos casos comparten centros con empleadas y empleados públicos y desempeñan las mismas tareas, como es el caso de las PTIS”. A esta situación, se añade que “las demandas ante la Inspección de Trabajo por incumplimientos de las empresas concesionarias han sido una constante durante años”.

Igualmente, desde CCOO se destaca que “los tribunales cada vez dan más razón en cuanto a la cesión ilegal de trabajadores en este tipo de contrataciones y que, según fuentes de la propia administración educativa, hay pendientes de resolver casi mil de ellas”.

Ante esta situación, se pide a la Consejería de Educación y Deporte convocar una mesa de negociación con objeto dar aplicación a lo dictado por la Ley y mantener a estas trabajadoras en sus puestos, “evitando así la judicialización del problema, donde, como en ocasiones similares, el resultado será favorable para el personal”.

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