El senador socialista onubense Jesús González ha querido poner el acento en la aprobación de la toma en consideración de la futura Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida (muerte digna). Ambas leyes “son diferentes, necesarias y complementarias, y constituyen dos debates jurídicos y sanitarios bien diferentes”, ha dicho, y ha agregado que con esta nueva normativa, “lograremos avanzar en derechos ofreciendo a las personas todas las garantías éticas y de seguridad jurídica”.
Jesús González ha asegurado que “seremos pioneros con una medida que no obliga a nadie, solo viene a velar por la libertad personal de poder elegir poner o no fin al sufrimiento, a poder solicitar ayuda para morir dignamente, un derecho que voluntariamente solicitarán las personas que consideran que su deterioro y su sufrimiento es incompatible con la integridad física o moral, con su dignidad y su intimidad, derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución”.
Los socialistas “defendemos la vida, pero no la obligación de vivir cuando se erosiona la integridad física o moral, a juicio exclusivamente de la persona que lo sufre”, algo que “parece mentira que haya que aclarar porque los partidos de derechas están intentando, como hacen siempre, confundir a la población con ideas que se alejan mucho de lo que es un derecho”, ha recalcado González.
El senador onubense ha dicho, no obstante, que “en este debate pierde quien pretenda confundir, porque la inmensa mayoría de los españoles viene a apoyar esta iniciativa y ello demuestra que nuestra sociedad es madura y siente un profundo respeto por las personas que sufren”. Por eso, esta Ley es algo que “la sociedad viene reclamando”, ha comentado el senador, ya que los datos de los estudios realizados arrojan que siete de cada diez personas estarían a favor de esta regulación, es decir, más del 70 por ciento de la población.
Cuando la Ley esté aprobada, las personas que tomen esa decisión lo harán con todas las garantías éticas y de seguridad jurídica para asegurar que quien lo pide lo haga de forma autónoma, libre de presiones, informada, consciente y mantenida en el tiempo, y no debida a circunstancias que tuvieran más que ver con una falta de condiciones dignas, médicas, sociales, o familiares para afrontar la situación. Voluntad que ha de ser fruto de un adecuado proceso de deliberación con su médico personal y validado por otros profesionales. Será una prestación incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que se prestará, por lo tanto, en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y permitirá la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios implicados.
Por tanto, esta normativa, que ya el Grupo Socialista presentó en 2017 y en 2019 y que decayó en ambos momentos por la disolución de las Cortes, vuelve al Congreso y al Senado ahora con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ya asentado; y se ha convertido en la primera iniciativa a la que se ha dado trámite en la nueva Legislatura.
