Dos años de prisión por extracción ilegal de agua del acuífero de Doñana

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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos años de prisión a dos administradores de empresa por extracción ilegal de agua del acuífero de Doñana, en fincas en el término municipal de Almonte, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso HuelvaYa.

La Audiencia ha admitido el recurso de apelación de la Fiscalía contra la sentencia del juzgado de lo penal número 3 de Huelva y la sentencia considera acreditado “que durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012, se ha llevado a cabo una distracción del caudal público de aguas no autorizado con un importante cálculo de volúmenes en la gestión de la finca la Borrachuela dedicada al cultivo de frutos rojos situada en la cabecera del Arroyo de la Rocina, que realiza importantes aportes al acuífero de Doñana, por parte de los acusados al frente de las empresas que ambos dirigían”.

Según los volúmenes calculados por la Unidad Técnica de Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente el beneficio obtenido por las empresas ha sido el siguiente:

1.- X obtuvo en el período de 2009-2012 un beneficio derivado d ella extracción ilegal de 21.682’23 euros.

2,- Y obtuvo en el período 2009-2012 un beneficio derivado de la extracción ilegal de 17.449’27 euros.

3.- Z obtuvo en el período 200-2012 un beneficio derivado de la extracción ilegal de 18.228’29 euros.

Según los volúmenes propuestos por el RD 670/2013 de dominio Público Hidráulico los resultados serían:

1.- X obtuvo en el período de 2009-2012 un beneficio derivado d ella extracción ilegal de 37.734’88 euros.

2,- Y obtuvo en el período 2009-2012 un beneficio derivado de la extracción ilegal de 24.551’16 euros.

3.- Z obtuvo en el período 200-2012 un beneficio derivado de la extracción ilegal de 24.551’16 euros.

Considera la sentencia que ha habido “la creación de una situación de peligro grave para el bien jurídico protegido, como consecuencia de la realización de la actividad ilícita: la aptitud o posibilidad de perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”.

Además de los dos años, a los acusados se les condena a la multa de ocho meses con cuota diaria de diez euros e inhabilitación especial durante un año para el ejercicio de la profesión u oficio de administrador o gerente de empresa relacionadas con el sector agrario o a la realización personal de tal actividad.

Por otra parte, se condena a las tres entidades acusadas como personas jurídicas a la pena de un año de multa con cuota diaria de diez euros para cada una de ellas (3.650 euros). Y se acuerda mantener la responsabilidad civil establecida en la sentencia de instancia a la que se añade el cierre definitivo y precinto de los pozos ilegales.

 

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