«El colectivo de Jornaleras de Huelva en Lucha (JHL) ha recibido en la última semana un sinfín de llamadas de trabajadores y trabajadoras agrícolas, empleados en la actualidad en la campaña de recolección del fruto rojo en la comarca, alertando de graves incumplimientos por parte de las empresas de las medidas básicas de protección respecto al contagio del COVID19», según indica este colectivo en una nota de prensa hecha pública este viernes.
Según JHL, hay «trabajadores obligados a trabajar sin mascarillas, guantes o sin respetarse las medidas de distanciamientos de seguridad tanto en explotaciones agrícolas como almacenes. En algunas situaciones la empresa no garantiza ni el acceso al agua ni a las medidas de desinfección».
Añade el colectivo que, «en un sector altamente precarizado, con un convenio colectivo que establece un salario inferior al mínimo profesional, estos incumplimientos están quedando impunes y los trabajadores siguen expuesto a un alto riesgo de contagio del COVID19.
Ante esta situación, este colectivo puso los numerosos testimonios en conocimiento de la Inspección de Trabajo de Huelva el día 17 de marzo solicitando que actuara investigando las situaciones y sancionando a las empresas incumplidoras sin haber recibido respuesta hasta el momento.
Se nos ha informado extraoficialmente que la Inspección de Trabajo no se considera competente para actuar y considera la situación fuera de sus competencias de inspección en materia laboral correspondiendo las mismas a la Consejería de Salud en calidad de su autoridad sanitaria.
Como respuesta hemos dirigido escrito solicitando a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía instando a que compruebe si son ciertas todos estas denuncias de trabajadores y acuerde si fuera necesario el cierre de las empresas que no estén cumpliendo las medidas de seguridad recomendadas por la Organización Mundial de Salud y el Ministerio de Trabajo del Gobierno de España en relación a la pandemia que ha provocado el decreto del actual estado de alarma.
Asimismo, hemos dirigido escritos a los ayuntamientos competentes para que en ejercicio de sus competencias de Seguridad Pública comprueben estos hechos y clausuren las actividades económicas que estén poniendo en grave riesgo la salud de los trabajadores según establece el art. 5, punto 2, del Real Decreto de estado de alarma, (RD 463/2020)», concluye el comunicado.
