La Delegación de Huelva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) considera que las recomendaciones del Ministerio de Sanidad no tienen en cuenta la realidad de los asentamientos chabolistas en la provincia de Huelva, por lo que exige que se tomen medidas sanitarias, sociales y económicas de carácter urgente para estas personas.

En el caso de los asentamientos chabolistas en la provincia que no cuentan con agua potable, productos de limpieza, recogida de residuos es imposible atender las recomendaciones del Ministerio en esas condiciones de precariedad, la actuación no debe limitarse, denuncian, a la ayuda que puedan dar algunas organizaciones sociales. Los ayuntamientos deben implicarse para garantizar el cubrimiento de necesidades mínimas como el acceso al agua, para poder paliar las consecuencias de esta pandemia.

La asociación critica que tras los primeros días de confinamiento, “la casi nula intervención protectora realizada en ellos y atendiendo a las propias personas afectadas y a diferentes colectivos implicados, se hace necesaria una resolución gubernamental que, de una vez, solucione favorablemente su situación dotándoles de permisos de trabajo sean temporales o por campaña, que permita regularizar su estado para poder ser contratados y reubicados en las viviendas que las fincas agrícolas poseen”.

Es inconcebible, plantean, que haya gente en chabolas, teniendo viviendas vacías, en medio de esta emergencia mundial de pandemia. Argumentan también desde la asociación, que es necesario también agilizar el empadronamiento y el acceso a la tarjeta sanitaria y “terminar así con la detestable situación que el relator de la ONU denunció hace unas semanas: peor que un campo de refugiados”.

La situación es la siguiente, explican desde APDHA Huelva, “las personas de los asentamientos necesitan casas en la que refugiarse de la pandemia, o incluso sanarse si se contagian, los empresarios necesitan mano de obra que por el estado de alarma y de confinamiento no pueden recibir ni de otros países ni de otras localidades; los ayuntamientos necesitan solucionar la situación de infravivienda de varios cientos de personas en sus municipios, para poder seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, puesto que de lo contrario se dificulta el control de la epidemia entre sus habitantes”.

En estos momentos de tanta necesidad, proponen, urgen medidas innovadoras que se adapten rápidamente a la urgencia que vivimos, como sería el construir viviendas con impresoras de 3D como se hace en otras emergencias sociales, de manera económica y rápida, adaptándose a las circunstancias actuales, pero resolviendo una realidad cronificada en la provincia onubense denunciada por el relator de la ONU. Esta realidad, sentencian, es un trato degradante para las personas trabajadoras que se van obligadas a vivir así y un lastre en el desarrollo humano y social de los pueblos agrícolas de la provincia.

Tampoco pueden escapar a los controles y vigilancia laboral, social y sanitaria, aseguran, las condiciones especiales de protección que, para evitar la propagación del coronavirus, deben cumplirse en los campos de trabajo, sin olvidar que: protegiendo a cada persona es como nos protegemos todas. Así, plantean, desde la información en varios idiomas, a las medidas de protección física, la distancia, los descansos, la higiene de manos y personal como se viene recordando y exigiendo a toda la población y que deben de garantizarse en las mujeres contratadas a través del contingente y en todas las personas en general que están trabajando en la campaña agrícola de la fresa.

Desde la APDHA exigen a las instituciones mayores recursos e intervenciones en las personas y colectivos que más lo necesitan, así como una implicación total de los Servicios Sociales que palien las carencias en las que muchas personas están obligadas a vivir, y que en esta situación de alarma se ven aún más precarizadas, por no poder conseguir su sustento diario ante la falta de ahorros y otros apoyos que las sostengan.