Desde que se decretara el estado de alarma, la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales de los distintos municipios de la provincia han interpuesto un total de 7.470 denuncias como resultado de los controles establecidos, mientras que el número de detenidos se eleva a 68.
La subdelegada del Gobierno en Huelva ha expresado su reconocimiento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “por su incansable esfuerzo para que se respete la normativa que lleva a la seguridad sanitaria, el objetivo de todos”.
También ha recordado que “en general, la actitud de los ciudadanos es de colaboración un 95%, siendo una excepción los actos irresponsables e insolidarios, a pesar del ánimo conciliador de los agentes que ponen todo su esfuerzo para la resolución de esta crisis en la que es indispensable cumplir la normativa”.
Desobediencia o resistencia a la autoridad
Las 68 detenciones se deben principalmente a casos de desobediencia o resistencia a la autoridad. Están basadas fundamentalmente en el incumplimiento de los artículos 36.4, 36.5, 36.6 y 37 de la LO 4/2015., relacionadas principalmente con «acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia, provocando o incrementando un riesgo para la vida o integridad de las personas o de daños en los bienes, o agravando las consecuencias del suceso que motive la actuación de aquéllos».
Hay que destacar casos relevantes de irresponsabilidad como al que tuvo que enfrentarse la Guardia Civil cuando localizó a un hombre con su hijo recogiendo espárragos en el espacio natural de Doñana o cuando una patrulla interceptó una furgoneta con trece ocupantes, dos de ellos ocultos en el maletero, o la persona que tras saltarse el confinamiento impactó su vehículo con una vivienda en El Rocío tras huir de un control preventivo, así como el caso de la participación en la procesión de Villalba de Alcor y la celebración de la Romería de Villanueva de los Castillejos.
También hay que subrayar los auxilios humanitarios por parte de los agentes, como el caso de un vecino de Isla Cristina que desfalleció en la vía pública y que nadie asistió por el miedo al virus COVID-19.
