El sector de Administración de Justicia de CSIF ha reclamado que se realicen pruebas diagnósticas PCR a los funcionarios que se están incorporando a partir de esta semana a sus puestos en las sedes judiciales y que entre este jueves y el próximo lunes serán 115 en la provincia de Huelva (se sumarán a los que prestaban servicios esenciales desde que se decretó el estado de alarma). De esos 115 trabajadores, 90 ya están incorporados desde este jueves y el próximo lunes se sumarán otros 25 en la capital y la provincia, concretamente en los juzgados de paz y los “cabeza de partido judicial”: Aracena, Valverde, La Palma del Condado y Moguer (en Ayamonte se incorporaron ayer).

El objetivo de la realización de estas pruebas es detectar posibles personas que sean portadoras del SARS-CoV-2, Covid-19, y “proteger así la salud, tanto del personal de Justicia que paulatinamente se está incorporando, como de las personas usuarias”, explica CSIF. La central sindical entiende que “es esencial la realización de dichas pruebas y avisa de que si dicha petición no es atendida, se reserva el derecho de emprender las acciones, tanto civiles como penales, que puedan corresponder”.

Por el momento, la incorporación de funcionarios de Justicia, se está produciendo con normalidad, salvo alguna incidencia relacionada con falta de coordinación en la entrega de material de protección. No obstante, en general se dispone del material necesario, como mascarillas, geles y guantes, así como mamparas que ya habían sido colocadas.

De hecho, CSIF consiguió que se demorara el inicio de la reincorporación de los trabajadores al exigir provisión efectiva de los medios de protección a la Consejería como requisito ineludible previo.

No obstante, desde CSIF se va a permanecer vigilante ante cualquier carencia de material o de incumplimiento del protocolo establecido, de manera que se preserven las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Para ello, la central sindical está realizando un exhaustivo trabajo de campo, comprobando que no falte ninguno de los elementos de protección individual ni colectivos necesarios en los órganos judiciales.

Asimismo, CSIF ha exigido a la Administración que se informe a los Comités de Seguridad y Salud, tanto provinciales como Sectorial, de la planificación y periodicidad con la que se van a distribuir los medios de protección con el que se debe proveer a todo el personal que presta sus servicios en los órganos judiciales.

Protocolo de desinfección

La central sindical pide, igualmente, dotación de equipos de protección individual (EPIS); mascarillas y guantes para todo el personal de la Administración de Justicia así como la implantación de un protocolo de desinfección de las herramientas de trabajo.

La instalación de dispensadores de solución hidroalcohólica en los centros de trabajo así como la colocación de cartelería informativa sobre utilización de EPIS y mantenimiento de distancia social de al menos 1.5 metros, son otras de las cuestiones en las que CSIF estará vigilante.

Asimismo, se comprobará que existe instalación de mamparas o pantallas de seguridad en todos los puntos susceptibles de llevarse a cabo la atención al público con el fin de evitar contagios, así como el rediseño, en su caso, de los puestos de trabajo para que exista una distancia de seguridad entre los trabajadores de al menos un metro y medio.