El sindicato CSIF ha tenido constancia del uso en tres centros hospitalarios de la provincia de Huelva de mascarillas FFP2 del fabricante “Garry Galaxy” modelo N95, cuya retirada fue ordenada el pasado viernes por el Ministerio de Sanidad al no reunir las condiciones de protección necesarias ni cumplir con la normativa europea.

En concreto, según los datos que ha podido recabar la central sindical, entre los tres hospitales afectados se han utilizado 730 mascarillas defectuosas. Los positivos de los trabajadores empezarán a conocerse esta semana ya que los test han empezado a realizarse en el día de hoy, aunque sólo en el Juan Ramón Jiménez. Las cifras que maneja el sindicato (ya que las gerencias de los hospitales no han ofrecido información al respecto por el momento) señalan que en el hospital Juan Ramón Jiménez habrían sido 500 las mascarillas utilizadas y 300 los trabajadores que han usado este material: todo el personal de Urgencias, UCI, de las plantas con pacientes con Covid-19, todos los celadores y los trabajadores que realizan los test. En total, llegaron 5.000 mascarillas.

En el Infanta Elena la cifra es menor, en torno a la treintena (todas las mascarillas han sido entregadas y devueltas). Llegó un total de 2.000 mascarillas. En cuanto al hospital de Riotinto, se recibieron 500 mascarillas, 300 se han retirado y 200 se han podido usar por los trabajadores.

En cuanto a los datos de Atención Primaria, en el Distrito Huelva-Costa Condado, llegaron 2.800 mascarillas pero no llegaron a repartirse en ningún centro de salud.

Todas estas cifras las ha obtenido el sindicato CSIF ya que las gerencias de los hospitales no facilitan ningún tipo de información desde el pasado viernes, cuando saltó la alarma. Por ello, la central sindical habla de “oscurantismo y falta de transparencia no sólo en estos momentos, por el caos de las mascarillas defectuosas, sino desde el comienzo de la crisis sanitaria”.

El sector de Sanidad de CSIF está reclamando información a todas las gerencias de los hospitales donde se tiene conocimiento del uso de este material defectuoso, y exige además la realización de pruebas diagnósticas a todos los profesionales del sistema sanitario que hayan podido usarlas, así como un seguimiento exhaustivo de su entorno profesional y familiar. El sindicato pide que se convoquen con urgencia y de manera excepcional los comités de seguridad y salud para abordar este asunto.

Para la central sindical, “es escandaloso que la Administración haya enviado a los profesionales que están en primera línea de lucha frente a la pandemia con un material que no garantiza su protección y la de las personas a las que atienden”. En este sentido, el sindicato exige que se realice un “exhaustivo seguimiento de la trazabilidad de todos los productos sanitarios que les lleguen a los y las profesionales para su uso”, sea cual sea su procedencia.

En su escrito a las gerencias de los hospitales andaluza, CSIF pide datos sobre el número de  mascarillas FFP2 modelo N95 Garry Galaxy (verde) y el modelo N95, del fabricante Garry Galaxy, así como el número de las mismas que han sido retiradas en los servicios y/o centros de salud. El sindicato se interesa además por el destino de dicho material una vez retirado, así como por el número de profesionales que las han usado con desglose de servicio y categoría.

Del mismo modo, CSIF reclama información, desglosada por centros, servicios y categoría, sobre los profesionales a los que se le ha realizado el estudio diagnóstico y están aislados por esta causa, así como datos sobre sus contactos dentro del servicio o del  centro en cuestión. De igual manera, se requiere información sobre la necesidad de realización de pruebas en el entorno familiar de dichos trabajadores. CSIF Andalucía reclama además apoyo psicológico a todos los profesionales afectados por esta negligencia.

CSIF critica la falta de previsión, así como la improvisación de las autoridades sanitarias, que vuelven a retirar material de protección por no cumplir éste con los estándares de calidad. Este error supone un doble perjuicio: el que sufrirán de nuevo las arcas públicas por la compra de un material inservible, y sobre todo el que sufren los trabajadores que han estado usando unas mascarillas que no realizaban su función de protección frente al Covid-19.