La parlamentaria onubense de Adelante Andalucía, María Gracia González, ha manifestado este miércoles que la población reclusa sigue “siendo invisible para las autoridades a la hora de gestionar las medidas de protección y seguridad ante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19”.
Así, un mes después de decretarse el estado de alarma, el personal “sigue necesitando que lleguen los equipos de protección reglamentarios”, así como “los test serológicos para saber si existe algún contagio activo entre los trabajadores”, principalmente, como único vector de contagio, por lo que ha pedido que “este material llegue lo antes posible hasta el centro penitenciario onubense y del resto de Andalucía.
González ha subrayado que en la prisión de Huelva las mascarillas quirúrgicas facilitadas a los funcionarios “les tienen que duran 40 horas semanales, cuando la vida útil de la misma es de tres horas”, tal y como también denuncia el sindicato Acaip UGT, debido a que la administración penitenciaria “no puede garantizar un mejor abastecimiento”. “Es lamentable que, tras más de un mes en estado de alarma, todavía el personal no cuente con la protección adecuada” para hacer frente al coronavirus, ha insistido.
Todo ello, redunda en una “situación de fragilidad que se puede volver en contra de trabajadores y reclusos”, los cuales son una población “especialmente vulnerable por contar en muchos casos con patologías asociadas”, ha recordado, como cáncer, VIH y diabetes, entre otras. Además, se trata de una población que, en general, cuenta con un sistema inmunológico deprimido, por lo que “las consecuencias pueden ser nefastas”.
La diputada andaluza ha indicado que, aunque los tests PCR han sido realizados tanto a la población reclusa como a los trabajadores de la prisión onubense, en este sector “se hace necesario” la realización de tests serológicos ya que “es la única forma de conocer si la infección está activa, y por lo tanto la persona puede contagiar, o si se tienen los anticuerpos que se crean cuando se supera la enfermedad y ya se ha desarrollado inmunidad”. Por ello, se suma a la petición que Acaip UGT ha hecho a la Consejería de Salud para que facilite estos test a todas las prisiones andaluzas.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que “si los trabajadores enferman pueden dejar mermados los efectivos”, lo que “puede dar lugar a incidentes que el personal trata de evitar a toda costa”. González ha querido resaltar que la población reclusa “está acostumbrada al confinamiento por su condición y es disciplinada por lo general”. Eso, unido a la relativa ventaja de la provincia de Huelva por el bajo número de contagios “debe ser un acicate para seguir preservando la seguridad del centro penitenciario, y no intentar poner soluciones cuando sea demasiado tarde”.
“No podemos dejarnos a nadie atrás en esta crisis”, ha insistido la parlamentaria de Adelante Andalucía, que ya reclamó a finales de marzo que se activaran correctamente las medidas recogidas en los protocolos de protección y prevención frente al Covid-19 en este sector. Ahora, tres semanas después, “siguen sin hacerse las cosas bien”, ha apuntado, para remarcar que espera que “se atiendan de una vez y en su totalidad las demandas del colectivo de prisiones como conocedores de la realidad de la población reclusa”, que en Huelva ronda los 1.100 internos.
