El portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha exigido a la alcaldesa, Aurora Águedo, que asuma personalmente el coste que tendrá para las arcas públicas la anulación del proyecto de las dos torres de 19 plantas y que los servicios jurídicos municipales han cifrado en 6,53 millones en un informe hecho público en el día de hoy lunes.
Para Hernández Cansino, “la alcaldesa pese a las numerosas advertencias que hicimos, aprobó y adjudicó un proyecto ilegal e insostenible, aún a riesgo de dañar la imagen y las arcas públicas de nuestro pueblo, y por ello debe asumir de su bolsillo las graves consecuencias económicas”.
Según el Portavoz de UPU, “la responsabilidad de la alcaldesa, su equipo de gobierno y las concejalas tránsfugas que votaron a favor del proyecto a sabiendas de su ilegalidad son obvias”, y añadió que “la nulidad del proyecto era la crónica de una muerte anunciada. Avisamos de que el plan era ilegal, nulo de pleno derecho, desde el minuto uno, el mismo día de septiembre de 2017 en el que el Pleno dio luz verde a la enajenación de las parcelas”.
Por eso -ha argumentado- “el coste económico, tendrán que asumirlos quienes aprobaron el proyecto a sabiendas de que era ilegal, con los avisos que se han dado y las sentencias que existen con pronunciamientos por similares casos”. Según aclaró Cansino “Los ciudadanos no tienen por qué pagar los chanchullos de sus gobernantes, así que agotaremos todas las vías legales posibles para que los responsables asuman las consecuencias económicas de su bolsillo”.
“Una alcaldesa que con sus decisiones, cuya ilegalidad ahora reconoce, hipoteca el futuro de su pueblo, tiene que asumir sus responsabilidades, presentar su dimisión y pagar las consecuencias económicas por su actuación, concluye Hernández Cansino.
RESPUESTA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PUNTA
Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Punta Umbría, Valentina Esteban, ha recordado a Hernández Cansino que “el equipo de Gobierno ha acatado las decisiones judiciales en la venta de las parcelas de la avenida Ciudad de Huelva”.
Del mismo modo, Valentina Esteban ha preguntado a Hernández Cansino “si va a dejar de denunciar el proyecto y si no va a boicotear el nuevo procedimiento de venta que se pondrá en marcha cuando vuelva la normalidad administrativa”.
La portavoz puntaumbrieña ha señalado que “ahora más que nunca la puesta en marcha de este proyecto es súper importante por la creación de empleo que supone para Punta Umbría y, más aún, por la incertidumbre que crea en otros sectores como el turismo”.
Para Valentina Esteban, “en estos momentos somos si cabe más coherentes y queremos cuanto antes la creación de 500 puestos de trabajo y una considerable mejora del entorno y de distintas zonas del municipio que dependen de la venta de esas parcelas”.
La edil puntaumbrieña ha indicado que “esta reacción era de esperar por parte de UPU aunque a su portavoz se le ha olvidado explicar que el propio Ayuntamiento dispone de nuevo de la parcela y de los trabajos que se han hecho sobre la misma”. A lo que ha añadido que “la parcela saldrá de nuevo a la venta e incluso se le podría sacar más beneficios”. También ha recordado que el informe que se cita “se trata de una estimación pendiente otros informes técnicos”.
Por último, Valentina Esteban ha recordado que “resulta cuanto menos curioso que Cansino solicite que el equipo de Gobierno sea quien pague esa cantidad de su bolsillo. Si tomamos esa vara de medir, Cansino debería de haber pagado los 7 millones de euros de más que costó a Punta Umbría la urbanización de los SAPU 3 y 4 en su época de alcalde porque él quiso hacer una comisión de investigación”.
