Sindicatos reclaman agilizar e incrementar la renta mínima de inserción

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“Las ayudas económicas para la compra de bienes de primera necesidad las han venido gestionando los servicios sociales de los ayuntamientos, sin menoscabar la capacidad de decisión de las personas, respetando los procedimientos administrativos de fiscalización, transparencia, igualdad de trato e imparcialidad.

Sin embargo, con este nuevo programa la Consejería de Igualdad pretende externalizar ayudas económicas públicas intentando saltarse los mecanismos de control de las administraciones para este tipo de ayudas, que son potestad pública, y por tanto vulnera el derecho de igualdad y no discriminación, así como el derecho a la protección de datos de las personas beneficiarias”, critican desde CCOO y UGT a través de un comunicado de prensa.

Los sindicatos advierten que se trata de un “caramelo envenenado” a las ONG, en las que pretende delegar la concesión de dichas tarjetas, haciéndolas jurídicamente responsables ante las reclamaciones de las personas beneficiarias por estas ayudas económicas públicas.

Emilio Fernández, secretario general de CCOO Huelva, ha manifestado que “valoramos la inestimable e impagable implicación de las ONG en prestar ayuda a la ciudadanía, pero se debe trabajar coordinadamente con los servicios sociales correspondientes, siendo trabajo de estos el de gestionar todas las ayudas y la realización de los procedimientos correspondiente, mientras el del resto de entidades es el de completar el trabajo de dichos servicios sociales, pero en ningún caso sustituir la gestión de estos. Por ello, el sindicalista ha reclamado que se “matice con más detalle, esta medida de colaboración público privada a la que se refiere la Junta de Andalucía”.

Por su parte, Sebastián Donaire, secretario de UGT Huelva, ha criticado que “la política seguida por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para la protección de las personas es “errática e incongruente” y ha acusado  a la Junta de “poner en marcha medidas duplicadas e inconexas, con una manifiesta incapacidad para coordinarse con las administraciones locales que permitiría rentabilizar los recursos económicos de ambas administraciones”. Ejemplo de ello es, para las centrales, que estos 17 millones para ayudas a la alimentación se suman al millón de euros aprobados el mismo día para los Bancos de Alimentos, que también son ayudas para alimentación.


Los sindicatos dejan claro que “toda esta dispersión dificulta el acceso a las ayudas e incrementa la burocracia” y afirman que “sería mucho más efectivo agilizar la concesión de la renta mínima de inserción e incrementar su importe para dar cobertura a los gastos de alimentación e higiene, así como cooperar con los ayuntamientos en la gestión de las diferentes ayudas”, apostillan.

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