Tras la declaración el estado de alarma, el pasado 16 de marzo, los centros educativos cerraron sus puertas y, en consecuencia, los servicios externalizados de la Consejería de Educación quedaron suspendidos, ocurriendo lo mismo, en virtud al Real Decreto de 17 marzo, con los contratos con las empresas adjudicatarias.
Según la secretaria general del sindicato provincial de enseñanza de CCOO de Huelva, Marina Vega, “esta situación, pese a no haber motivos, ha dado lugar a que colectivos como son el personal técnico de integración social (PTIS), que sustentan el apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, y de los intérpretes de lengua de signo (ILSE), no hayan cobrado las nóminas del mes de abril”
Ambos colectivos prestan servicios educativos a través de empresas en 103 centros de enseñanza públicos repartidos por la provincia de Huelva, siendo un colectivo altamente feminizado con casi el 98% de mujeres.
Así, según el sindicato, y debido a la presión de CCOO, la Junta de Andalucía publicó un Decreto (BOJA de 1 abril) que en su punto 3 recoge: “con el fin del mantenimiento del empleo el órgano de contratación, podrá acordar la continuidad en el pago de los contratos suspendidos por causa del COVID-19″
Para CCOO, este decreto garantiza que las empresas sigan cobrando de la Junta de Andalucía y, por consiguiente, las personas trabajadoras puedan recibir sus nóminas sin pasar un ERTE. Pero, según las empresas adjudicatarias, entre el procedimiento de pago a empresas, la presentación y comprobación de documentos y otros procesos administrativos, han hecho que a esta fecha, de 15 de mayo, los trabajadores y trabajadoras de estos colectivos, aún no hayan percibido las nóminas de abril.
No obstante, según la información recabada por CCOO de la Viceconsejería de Educación, este proceso de pago a empresas ha comenzado esta semana, y es la Agencia Pública de Educación (APAE) la que se encarga de dichos pagos.
Ante este cruce de justificaciones, Vega “critica el gran número de intermediarios para que las nóminas lleguen a las plantillas, y achaca los problemas de estos servicios educativos esenciales a su privatización. Ya que, además, debido a la precariedad de estos puestos de trabajo, cualquier circunstancia hace que las consecuencias recaigan sobre el eslabón más débil, en este caso los trabajadores y trabajadoras que atienden estos servicios”
El sindicato, a la vista de esta situación, pide, igualmente, responsabilidad a las empresas adjudicatarias AI ALBA y SAMU, pues sabiendo que el proceso, aunque lento, les aseguraba el cobro, no han mostrado interés en aplicar su corresponsabilidad con sus trabajadores y trabajadoras abonando sus nóminas, sino más bien han utilizado una estrategia de confusión para que todas las miradas recayeran en la Administración.
Por todo ello, “CCOO exige a la Consejería de Educación hacer cumplir a las empresas adjudicatarias de estos servicios educativos su responsabilidad con los trabajadores y trabajadoras y abonen con la máxima celeridad las nóminas de abril”, finaliza la sindicalista.
