El presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas (COAF) de Huelva, Alejandro Chamorro, ha alertado que la orden que regula la Fase 2 del Plan para la desescalada no resuelve «las cuestiones pendientes que se han ido exponiendo en sus distintas comunicaciones al Ministerio de Sanidad y al Gobierno”.
Por esta razón, desde el COAF de Huelva “seguimos reclamando una regulación que tenga en cuenta los diferentes tipos de piscina comunitaria, bien a la Junta de Andalucía que es la que tiene competencias, o bien al Gobierno central con una normativa a nivel estatal”, señala Chamorro.
El aforo máximo permitido en la orden para la fase 2 es del 30%, «cuando la mayoría de las comunidades de propietarios no dispone de ningún sistema de control del aforo. No hay personal responsable a cargo de la instalación que pueda controlar o limitar el acceso de los propietarios y, en los casos que disponen de socorrista, su competencia se limita al control del vaso de la piscina», explica Chamorro.
Además, «ara acudir a la piscina se debe obtener cita previa y organizarán horarios por turnos, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación. No es posible gestionar citas previas sin personal o, al menos un teléfono y la inmensa mayoría de las comunidades de propietarios carecen de ambos recursos. La competencia para regular es de la Junta General de Propietarios: al margen de la enorme controversia que supondría tratar de alcanzar un acuerdo para el establecimiento de turnos hay que recordar que todavía no están autorizadas las reuniones de las comunidades de propietarios lo que impide esta regulación».
En otro orden de cosas, «en las zonas de estancia de los usuarios, se debe establecer una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad de al menos dos metros entre los usuarios mediante señales en el suelo limitando los espacios. Si se marcan áreas de uso reservado para cada persona y, además, hay que reservar zona para el acceso y de paso (tanto a dichos espacios como al vaso de la piscina o a los vestuarios) el espacio disponible se reduce de tal forma que el aforo real puede ser muy inferior al obligatorio, lo que disparará los costes del servicio en proporción al número de usuarios.Tampoco se dispone de recursos para ejercer el control de que los usuarios respetan sus respectivas zonas de estancia».
Para facilitar la adopción de acuerdos, desde el CGCAFE se han vuelto a proponer al Gobierno «que se regule la posibilidad de celebrar juntas virtuales, facilitando la flexibilización de los requisitos para la toma de decisiones, el aumento de plazos para la celebración de las reuniones y se confirmen a los propietarios que actualmente ocupan cargos, con lo que se resolverían muchos de los problemas actuales tanto para la apertura de piscinas como para el resto de los problemas planteados en las distintas fases de la desescalada».
