El Ayuntamiento de Cartaya recupera casi 2,3 millones de euros a raíz de la sentencia de la Sección Segunda de lo Civil de la Audiencia Provincial de Huelva, con fecha 11 de mayo de 2020, que ha fallado a favor del Consistorio, en el pleito que este mantenía con una entidad bancaria a raíz de una operación financiera cuya primera liquidación data de diciembre de 2007.
La sentencia de la Audiencia, que se fundamenta en jurisprudencia del Tribunal Supremo, da la razón al Ayuntamiento en la batalla legal que este inició en 2014 contra dicha operación financiera que se llevó a cabo hace trece años sin los informes de la Secretaría y de la Intervención Municipales.
Esta operación en concreto se basó en la contratación de un producto financiero llamado SWAP, con el que se contrató la permuta de los tipos de interés de dos préstamos suscritos por el Consistorio, uno para la construcción del Mercado de Abastos (5,6 millones de euros), y el otro para la mejora de las instalaciones deportivas (1,7 millones de euros). Estas dos operaciones de crédito estaban sujetas a un tipo de interés variable en función del euríbor, y con la contratación de este producto, el Ayuntamiento transformó los pagos variables de los citados préstamos, ligados al euríbor, por pagos a tipos de interés fijo.
De esta forma, señala el actual concejal de Economía, Juan Polo, “este Ayuntamiento, a las puertas de una crisis económica gravísima, cambió tipos de interés variables, bastante ventajosos entonces, por tipos de interés fijos, que resultaron más altos, porque la permuta se produjo justo antes de que los tipos de interés cayeran en picado como consecuencia de la crisis, con lo que las operaciones por ambos créditos se encarecieron bastante, hasta el punto de que en total sólo los SWAPs (la diferencia entre los tipos de interés) suponían un sobrecoste millonario de estos créditos”.
En 2014, detalla Polo, “tomamos la decisión de reclamar e iniciar una batalla legal contra este producto financiero, por considerar que se trataba de una operación especulativa y de riesgo, que nos iba a costar sólo en la diferencia del pago de los intereses la friolera de 2,3 millones, y ahora la Justicia nos ha dado la razón, determinando que la entidad bancaria en cuestión debe devolvernos el total pagado, que asciende a 651.900 euros, más los intereses, y además, nos exime del pago de 1,6 millones de euros que quedaban pendientes”.
Por ello, tanto el responsable económico del Consistorio, como el alcalde, Manuel Barroso, han mostrado su satisfacción porque “desde el 2011, año en el que tomamos las riendas de este Ayuntamiento, no sólo hemos conseguido encauzar la sangría económica que sufrían las arcas municipales en la etapa anterior, sino que hemos ido ganando pleitos en los tribunales que, como este, nos permiten recuperar una cantidad importante de dinero que es de los cartayeros y cartayeras”.
