El Ministerio Fiscal ha presentado recurso de apelación, ante la Audiencia Provincial, contra la sentencia del Juzgado de lo Penal Número 4 de Huelva, que absuelve a la mujer que contrató a una empresa y ordenó la demolición de la conocida como ‘Casa Duclós’ en el Parque Moret, en julio de 2017. La mujer, propietaria junto a sus dos hermanas, de la casa y de una parcela en el Parque Moret, entregó el 10 de julio de 2017, dos días después de la demolición, las llaves en Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva, con quien había firmado un acuerdo anterior por el que debía abandonar la vivienda antes del 8 de julio.
El Ayuntamiento de Huelva entendió que la demolición era un atentado contra el patrimonio de Huelva y una propiedad municipal, por lo que anunció las correspondientes acciones judiciales. Una historia que comenzaba en mayo de 2004, con el acuerdo municipal de la expropiación forzosa de una parcela de 3.243 metros cuadrados y la Casa Duclós, de 460 metros cuadrados, se mantenía viva de esta forma 13 años después. La sentencia ahora recurrida no hace sino prolongar aún más lo que va camino de ser una historia interminable, ya que han pasado 16 años desde el primer paso dado por el Ayuntamiento de Huelva. Lo peor, con todo, no es esta dilatación en el tiempo, sino que la casa, sea quien sea el último responsable a ojos de la justicia, ya no existe.
La sentencia del Juzgado de lo Penal Número 4 entiende que la mujer estaba en la creencia de que la vivienda carecía de valor para el Ayuntamiento y desconocía, además, que era propiedad municipal, al no tener conocimiento de que Urbanismo la había registrado como propia en el Registro de la Propiedad el 1 de marzo de 2005, después de pagar un justiprecio de 702.461 euros, de los que 132.059 eran por la vivienda.
La Fiscalía pide a la Audiencia Provincial que anule el juicio oral y proceda a una nueva vista, por considerar que las conclusiones a las que llega la sentencia del Juzgado de los Penal Número 4 no tienen concordancia con los hechos probados.
La acusación del Ministerio fiscal es por delito de daños en bien de dominio público y solicitaba la pena de dos años de prisión y multa de 20 meses, a razón de 15 € diarios (9.000 euros en total), mas la indemnización por el valor de la casa y los gastos de desescombro que se ocasionaron al Ayuntamiento de Huelva.
