El Ingreso Mínimo Vital (IMV) siempre ha sido una de nuestras prioridades políticas. Estaba en el acuerdo electoral con Podemos y en el acuerdo de gobierno de coalición, con el compromiso de ponerlo en marcha a lo largo de esta legislatura. Por eso desde el Comité Provincial de PCA en Huelva, celebramos la puesta en marcha de esta medida, que en una provincia como la nuestra, extremadamente dependiente de los empleos temporales, del sector turístico y agrícola, es una medida imprescindible para no dejar a nadie atrás.
Según el CIS, 8 de la cada 10 españoles apoyan esta medida dirigida a reducir la tasa de pobreza, que es la más alta de los países de nuestro entorno, y proteger a los más vulnerables. Son medidas que ya funcionan en muchos estados europeas.
Solo en el mes de abril, la renta mínima de la Junta de Andalucía ha cubierto a 1.462 familias. En palabras del Secretario Provincial del PCA, Rafael Sánchez velo, se trata de «una cobertura insuficiente, si tenemos en cuenta la cantidad de empleos que se han perdido a consecuencia de esta crisis sanitaria. Por ello, el mayor alcance del Ingreso Mínimo Vital será imprescindible para atender a las necesidades más básicas de muchas familias de onubenses, que dependen del campo, de la hostelería y del turismo, gracias al acuerdo del gobierno de coalición».
Para el PCE, el IMV no sólo es un deber hacia nuestra clase y una medida de justicia social, sino también un instrumento para recuperar la economía tras la pandemia, ya que alentará el consumo mendiante una fuerte inversión pública, en contraste con los regalos fiscales y monetarios a la banca, que puso en marcha el gobierno del PP en la crisis anterior, y que no llegaron a las familias trabajadoras.
No obstante, señala que «desde el gobierno de coalición estamos trabajando para que el Ingreso Mínimo Vital sea lo más equivalente posible a un salario mínimo interprofesional, con el objetivo de que se consolide como un derecho cuando salgamos de esta situación, un derecho», añade, «que deben compaginarse con políticas fiscales que permitan redistribuír la riqueza que generamos todos y todas, pero que se queda en manos de unos pocos, así como con medidas de reindustrialización sostenible y de recuperación de derechos laborales, que garanticen empleos estables y de calidad».
Termina señalando que «ahora es el momento de hacer patria, con valores y políticas solidarias, justas y sociales, no con banderas y con acciones que ponen en peligro la salud del conjunto de trabajadores y trabajadoras de este país».
