El equipo de Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, ha procedido en el día de hoy a adoptar las medidas cautelares de cierre temporal de tres centros de expedición de moluscos bivalvos en Isla Cristina por la incautación de 280 kilos de coquinas (Donax trunculus) procedentes de caladeros cerrados actualmente.
En este operativo han colaborado tanto Agentes de Inspección Pesquera como efectivos de las unidades del Seprona de la Guardia Civil de las provincias de Huelva y Sevilla. En concreto, se puso en marcha en la tarde del pasado miércoles 27 de mayo y se dirigió a centros de depuración-expedición para la primera venta de los moluscos, siendo inspeccionados tres establecimientos en Isla Cristina. Los agentes recogieron la correspondiente toma de muestras para un análisis de toxicidad, que fue enviada al Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros de la Junta de Andalucía de Cartaya. Los niveles de la toxina DSP (diarreica) duplicaban en 10 veces en algunos casos los límites legales permitidos.
En Andalucía, los controles oficiales se llevan a cabo a través del Programa de Control y Seguimiento de las Zonas de Producción declaradas en aguas competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Delegación Territorial e Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible prohíbe o autoriza la recolección y comercialización de especies en los caladeros en función de los resultados obtenidos en los controles sanitarios oficiales del Laboratorio de Control de Calidad.
En los últimos controles realizados se ha detectado la presencia de biotoxinas en altos niveles en la especie coquina, en varias zonas de producción del litoral onubense. En este sentido, el delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Álvaro Burgos, ha explicado que “se están realizando diferentes controles exhaustivos en las zonas de producción marina, así como en los establecimientos dedicados a la venta del molusco al público, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria, ya que se pone en riesgo la salud de las personas”.
La rápida actuación y coordinación de los agentes en este caso ha permitido la retirada con celeridad de la comercialización de todos los lotes identificados, algunos de los cuales se encontraban ya en la provincia de Sevilla. Por parte de los Agentes de Inspección Pesquera se ha procedido al levantamiento de las actas correspondientes por la comercialización y tenencia de coquinas con altos niveles de toxicidad, así como la medida cautelar de cierre temporal de los establecimientos, encargándose posteriormente los efectivos de la Guardia Civil de la investigación a las tres empresas por la comisión de un presunto delito contra la salud pública.
Álvaro Burgos ha advertido que “la coquina procedente de zonas cerradas por motivos sanitarios está infectada por la toxina lipofílica DSP, la cual podría perjudicar gravemente a la salud de las personas”, ya que afecta al aparato digestivo provocando vómitos y diarreas. El delegado territorial también ha recordado que “la Junta de Andalucía vela, por una parte, por la seguridad alimentaria, y, por otra, por la sostenibilidad de los caladeros con medidas como la fijación de tallas mínimas para las especies de interés pesquero o épocas de veda».
El personal de apoyo de Inspección Pesquera ha devuelto la mercancía intervenida al mar a modo de siembra en bancos naturales.
