Izquierda Unida en Huelva reclama al Gobierno andaluz que informe detalladamente sobre las medidas que están realizando los ayuntamientos onubenses a los que se les concedió más de un millón de euros para proporcionar ayuda humanitaria a las personas que viven en asentamientos chabolistas. Por ello, Rafael Sánchez Rufo, coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, anuncia que “vamos a llevar esta cuestión al Parlamento Andaluz para que el gobierno de la Junta de Andalucía informe detalladamente sobre lo que se está haciendo en Huelva con estos fondos y sobre el grado de ejecución de lo que tienen que estar haciendo los ayuntamientos para atender a la población temporera que vive en asentamientos en sus respectivos términos municipales”.
El parlamentario de Adelante Andalucía, Ismael Sánchez, ya reclamó esta información a la consejera de Agricultura en una comisión parlamentaria, quien no aportó los datos requeridos para ello.
Los ayuntamientos a los que les correspondieron estos fondos son los de Lucena del Puerto, Moguer, Lepe, Palos de la Frontera y Huelva, en los que cuantifican en unas 2.100 personas las que viven en asentamientos chabolistas. No obstante, Sánchez Rufo señala que “es imprescindible que se sepa exactamente que están haciendo para que estas ayudas alcancen a la población temporera y sirvan para mejorar sus condiciones de vida, lo que pasa necesariamente por que cuenten con alternativas habitacionales dignas”. Izquierda Unida considera que esta información debe ser aportada para evitar que se pierdan los fondos destinados a la población temporera por falta de proyectos concretos de los ayuntamientos.
Además, Sánchez Rufo anuncia que “vamos a reclamar al gobierno andaluz que incremente estos fondos con más ayudas suplementarias”, ya que sólo en la provincia de Huelva se estima que la población temporera alcanza las 4.000 personas y existen más municipios aparte de los cinco que disponen de ayudas donde viven en condiciones precarias.
Por otra parte, Sánchez Rufo insiste en que la ayuda humanitaria tiene que ir acompañada necesariamente por un plan de regularización de estas personas para que puedan trabajar y vivir con derechos y en condiciones dignas.
