La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha trasladado a la Comunidad de Regantes El Condado (Huelva) y a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, como titular de la finca “Matalagrana”, el ofrecimiento de condiciones para otorgar los derechos de aguas subterráneas de ambas entidades.
Tras la aceptación y firma del documento por las partes, la CHG emitirá la resolución favorable para el riego de estas explotaciones agrícolas por un periodo de 20 años. A instancias del extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca, se inicia en 2007 la solicitud de aprovechamiento de la finca “Matalagrana”, una zona incluida en el Plan Almonte-Marismas, anterior a 1975, con una tramitación histórica en la CHG desde los años 80. La finalización de este proceso supondrá la legalización de los derechos de agua de estas 211 hectáreas de cultivos con un volumen máximo anual de 951.637,50 m³/año.
Por su parte, la concesión de aguas públicas de la Comunidad de Regantes de El Condado, en tramitación desde 2015, implicará la regularización de la mayor explotación agrícola amparada por el “Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana”, aprobado por la Junta de Andalucía en 2014. Un total de 1.414 hectáreas, repartidas entre los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto y Rociana del Condado para las que la CHG garantizará una dotación anual de 6.379.574,26 m³/año mediante 544 captaciones, complementados por 118 infraestructuras de almacenamiento.
El otorgamiento de estas concesiones permitirá que la extracción se someta a una serie de condicionantes, recogidos en el documento final, que suponen una mejora en la racionalización de la explotación, su gobernanza y control, así como en el conocimiento del funcionamiento del acuífero. Estas concesiones estarán sujetas, entre otras medidas, a un Plan de Extracciones, la instalación de contadores, el equipamiento de los sondeos con dispositivos que permitan un telecontrol desde la CHG, el análisis y propuesta de buenas prácticas para limitar la contaminación difusa, o el condicionamiento del aprovechamiento a lo establecido en el programa de actuación para la recuperación del buen estado de las masas de agua.
