«La situación creada por la pandemia ha dejado en la estacada a muchas personas que necesitan un empleo. Entre tantas malas noticias surge la idea de contratar a 3.000 personas (475 en Huelva) para vigilar las playas este verano en todo el litoral andaluz, con el fin de garantizar la seguridad contra el virus. Un sueldo de 1.900 euros al mes y rango de agente de la autoridad. Pero la Junta de Andalucía ha hecho la selección y contratación de estas personas en 24 horas, sin pasar por el Servicio Andaluz de Empleo, sin contar con los ayuntamientos, sin baremos ni criterios públicos», se asegura desde el PSOE onubense.
La parlamentaria socialista por Huelva Manuela Serrano considera que «la falta de explicaciones del Gobierno de Moreno Bonilla hace que la cuestión sea muy grave, porque si la Junta de Andalucía, la Administración pública más importante de la comunidad, realiza 3.000 contratos sin que se sepa el procedimiento, nos enfrentamos a una cuestión muy seria y muy fea”. El silencio del Gobierno andaluz “nos lleva a pensar –ha proseguido- que esos contratos han sido realizados a dedo, que ha habido enchufismo, que se han hecho con oscurantismo y eso es un insulto a todos los desempleados, a todos los ciudadanos que tienen derecho a saber y a poder optar a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones”.
Si esto no es así, “mucho está tardando Moreno Bonilla en explicarlo”, ha comentado Serrano. Los alcaldes quieren saber por qué sus vecinos desempleados no van a ocupar esos puestos, por qué no se ha contado con los ayuntamientos, que conocen la situación y las necesidades de los vecinos que viven en estos municipios costeros, para hacer esos contratos. Desde el PSOE pedimos explicaciones porque la gente quiere saber qué ha pasado aquí. “Nos preguntamos ¿quién ha tomado esta decisión? Cuando se hacen las cosas así, todo apunta –ha dicho la parlamentaria- a que esos puestos de trabajo con un buen sueldo, los van a ocupar muchas personas allegadas al Partido Popular”.
«Los alcaldes y alcaldesas tienen que saber con qué criterios se ha hecho esa selección, si los contratados son o no de los municipios donde van a desarrollar su trabajo, si conocen la Costa, si viven en ella, si tienen algún tipo de formación en vigilancia o socorrismo. Queremos saber si Moreno Bonilla ha propiciado un caso de enchufismo monumental, de utilización burda de una situación y de impedir que personas desempleadas que tienen los mismos derechos que otras que han sido seleccionadas a dedo puedan acceder a un puesto de trabajo y aliviar sus vidas”, ha finalizado.
