La parlamentaria onubense de Adelante Andalucía, María Gracia González, ha denunciado en el pleno del Parlamento de esta semana “la falta de medidas eficaces” en los asentamientos diseminados por Huelva y Almería, en los que viven en torno a 11.000 personas, tras la ayuda de casi 2,3 millones de euros aprobados por la Junta de Andalucía para paliar los efectos de la crisis del covid 19 el pasado mes de abril.
De esta forma, González ha puesto de manifiesto que hombres y mujeres trabajadores agrícolas “siguen sin agua, sin luz, sin saneamientos ni gestión de residuos”, en un lugar donde “las ratas, los mosquitos y otras plagas de insectos campan a sus anchas, y donde viven niños también, algunos de ellos recién nacidos, abocados a vivir sus primeros días de vida en condiciones infrahumanas”. Se trata de “un uno de los episodios de discriminación social y racial más desproporcionados desde la instauración de la democracia en nuestro país”, ha remarcado.
Según la diputada anticapitalista, “lo único que se ha hecho es poner algún parche ineficaz, a pesar del montante destinado a paliar de forma urgente” las mencionadas condiciones, sin embargo, “el cambio en las estructuras para proporcionar una red de saneamientos básica no se ha llevado a cabo”, entre otras muchas mejoras posibles. “El problema sigue siendo la insuficiencia de recursos con algo menos de 2,3 millones a repartir entre 12 municipios”, lo que, a juicio de González, es “una magra contribución de la Junta”, para atender a miles de personas que habitan en infraviviendas y “sin unos servicios básicos garantizados”. Por eso, “son necesarias medidas resolutivas y no paliativas, y la primera de ellas es proporcionarle una vivienda digna a esta población migrante”.
De igual forma, ha enfatizado que “no hay que olvidar que estas personas son absolutamente necesarias para la viabilidad de los cultivos en los que trabajan y, por ende, para la economía de la zona”. Además, ha recordado que el relator de Extrema Pobreza y Derechos Humanos de la ONU, que visitó los asentamientos a principios de año, señaló que viven «como animales, en condiciones mucho peores que un campamento de refugiados”.Además, “el Estatuto de Autonomía atribuye competencias exclusivas en materia de vivienda a la comunidad autónoma, así como una cuota importante de responsabilidad en materia de inmigración, recogido en el artículo 62”, matiza. Las cantidades que se transfieran (o se han transferido) a los ayuntamientos “son bienvenidas, pero insuficientes para que la Junta considere que ha cumplido con sus responsabilidades”.
Así, se ha preguntado “cómo se ha podido permitir que esto ocurra y siga ocurriendo”, para indicar que lo que ha hecho el Gobierno de la Junta ha sido “meter la cabeza debajo del ala, eludiendo una responsabilidad evidente y dejando en el abandono y en manos de asociaciones y colectivos la situación para ellos inabarcable de esta situación extrema”. Todo ello, con un Gobierno que “cuenta con los fondos y los recursos necesarios para afrontar unas circunstancias tan graves”, asevera, para insistir en una salida en la que la Junta “recapacite” sobre su “pésima actuación”.
Asimismo, la parlamentaria ha puesto en evidencia la situación de las trabajadoras temporeras contratadas en origen, “abandonadas ahora que han finalizado sus tareas agrícolas y sin poder volver a su país, en algunos casos ya sin agua ni luz en los alojamientos donde viven y sin ingresos para alimentarse siquiera”. Para todo este contingente de personas atrapadas el Gobierno andaluz también “cuenta con recursos suficientes como para abordar soluciones rápidas y viables que pongan fin a esta grave situación”, ha subrayado.
Por último, ha recordado la postura de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que encabezaba una nota de prensa el pasado 26 de junio con el titular “Spain: Passing the buck on exploited migrant workers must end, says UN expert”. En ella, viene a decir que el Gobierno y las empresas españolas “deben mejorar de inmediato las condiciones abismales de los trabajadores migrantes descuidados desplegados como «trabajadores esenciales» para recoger fresas durante la pandemia de COVID-19, mientras que España estaba en estado de alarma”, según un experto de la ONU.
