La Guardia Civil de Huelva investiga la muerte de una mujer de 51 años presuntamente a manos de su hijo, de 17, en una vivienda del núcleo costero de La Antilla (Lepe) en la que ambos, residentes en Sevilla, se encontraban pasando las vacaciones.

Los hechos ocurrieron en torno a las 17.00 horas de la tarde de este domingo, 19 de junio, momento en el que el joven, que padece problemas de salud mental, llamó a su psicóloga amenazando con suicidarse. De inmediato, la mujer contactó con el padre del menor, que dio aviso al 112, según ha adelantado el diario NIUS.

Hasta la vivienda se trasladaron efectivos sanitarios y una patrulla de la Guardia Civil, que encontraron a la víctima ya fallecida el primer piso del inmueble. Según diversas fuentes, el joven, que ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Huelva, competente para la instrucción del caso, habría estrangulado a su progenitora, si bien en estos momentos hay decretado secreto de sumario en el caso.

Así, según ha informado la Fiscalía en un comunicado, tras haber explorado al menor detenido e interrogado a diversos testigos, las diligencias practicadas «han arrojado indicios suficientes de la existencia de un delito de homicidio y de la autoría del hijo de la fallecida», por lo que ha solicitado a la juez de menores la medida cautelar de internamiento cerrado.

La juez ha estimado la petición y acordado dicha medida, cuya duración máxima es de seis meses prorrogables por otros tres y su finalidad es la de evitar la comisión de otros delitos graves hasta que se celebre el juicio –llamado «audiencia» en la jurisdicción de menores– y eventualmente se dicte sentencia.

Así, en el hipotético caso de que la investigación de la Fiscalía desemboque en una acusación y se dicte sentencia condenatoria, el menor expedientado podría enfrentarse a una medida de internamiento cerrado de hasta ocho años de duración y una libertad vigilada posterior al internamiento de otros cinco años.

Para esta clase de delitos también existe la posibilidad de que, al alcanzar los 18 años, la medida pueda cumplirse en un centro penitenciario ordinario; mientras tanto, y a pesar de las medidas adoptadas, prevalecen la presunción de inocencia del menor y la persecución del interés superior del mismo.