«Ante el desalojo de los compañeros temporeros de la Plaza del Ayuntamiento de Lepe», desde el PCA en Huelva «mostramos nuestro apoyo incondicional a dichos compañeros, así como señalamos nuestra repulsa frente a la actitud de la corporación municipal, que demuestra continuamente su falta de voluntad política en la búsqueda de una solución digna al problema de los asentamientos y a los problemas de acceso al alquiler, actuando en todo esto como si los trabajadores migrantes no vivieran y trabajaran allí solo porque no son de allí y son pobres. Demostración de ello es la indiferencia y agresividad con que dicho Ayuntamiento aborda el problema».
Sin embargo, desde el PCA Huelva «consideramos que el Ayuntamiento de Lepe y el resto de Ayuntamientos afectados en la provincia no son únicamente quienes tienen responsabilidades para resolver el problema. El pasado año la campaña en nuestra provincia contó con unas 12.000 trabajadoras y trabajadores en la misma situación, lo que es algo menos del 15% del total, de las cuales sabemos que unas 5.000 vivieron en asentamientos chabolistas. Por ello, y en la medida de sus competencias, consideramos que tanto la Junta de Andalucía, que impide usar sus últimas aportaciones para realizar infraestructuras necesarias, como la Diputación Provincial y el Gobierno Central, que guardan silencio, tienen parte de responsabilidad en la falta de soluciones al problema y, por tanto, tienen también la obligación de intervenir para garantizar unas condiciones de vida dignas para los trabajadores y trabajadoras».
Añade el PCA que «también es necesario señalar que esas 12.000 trabajadoras, de un total de 90.000, realizaron labores en distintos centros de trabajo, las cuales generaron riqueza para la provincia y para determinados propietarios. Por ello creemos necesario denunciar de igual modo la actitud de desprecio por los derechos laborales y la vida de las personas que demuestran aquellos empresarios que están intentando pasar de puntillas por el problema, como si no tuvieran nada que ver. El problema de fondo no está con las trabajadoras migrantes sino que recorre el campo onubense, pues las condiciones de trabajo a día de hoy son conocidamente malas. Si las organizaciones empresariales del campo consideran que la mayoría de los empresarios cumple, que lo demuestre denunciando y persiguiendo a quienes no cumplen y animando a la Inspección de Trabajo a limpiar la imagen de los empresarios del campo onubense, no lo contrario.
Estamos hablando de personas que trabajan y viven aquí, que durante el estado de alarma han estado realizando una labor fundamental, pero que se ven abocadas a una situación dramática debido al racismo, la xenofobia y el clasismo de determinadas instituciones y empresarios que no dudan en perseguirlas, criminalizar sus justas reivindicaciones, aprovechar su situación para enriquecerse o poner trabas a la normalización de las condiciones de vida de un sector de la clase trabajadora de nuestro país que además resulta esencial para la economía de nuestra provincia», se concluye desde el PCA.
