El equipo de gobierno de Punta Umbría ha sacado adelante, en el pleno de este lunes, la declaración de excepcionalidad de las parcelas del proyecto de la Avenida Ciudad de Huelva, cumpliendo así una de las medidas establecidas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para poder realizar el proyecto que incluye la construcción de viviendas de renta libre y de protección oficial. Este punto ha contado con el voto en contra de UPU y Adelante Punta Umbría y la abstención de Ciudadanos.
«Esta declaración de excepcionalidad justifica la importancia estratégica de esta actuación para la economía de Punta Umbría, para la creación de empleo y para el apoyo a las empresas locales que pueden intervenir en el desarrollo del proyecto y aporta todos los datos que acreditan la existencia de una oferta suficiente de viviendas de protección oficial en Punta Umbría, aunque el proyecto incluye la reserva de un 30% de viviendas de VPO, como marca la Ley», se asegura desde el equipo de gobierno.
La construcción del proyecto de la avenida Ciudad de Huelva “es básico para poder dinamizar la economía, puesto que generará mucha riqueza y una gran cantidad de empleos en el municipio. Por eso con esta declaración de excepcionalidad nos adaptamos las indicaciones de las resoluciones judiciales que hemos recibido”, ha afirmado Aurora Águedo.
Del mismo modo, también se ha aprobado la determinación del Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo, PMS, de Punta Umbría, con los votos favorables del equipo de Gobierno y de Ciudadanos, mientras que Adelante Punta Umbría se ha abstenido y UPU ha votado en contra.
La concejal delegada de Urbanismo, Amelia Gallardo, ha reprochado este voto en contra dado que “es lo que lleva pidiendo UPU desde el principio y el principal argumentario de todas sus denuncias”.
El objetivo de este punto es dotar de contenido el registro y de hacer inventario de todas las parcelas consideradas como PMS, siguiendo las indicaciones del dictamen judicial que ha llegado al Ayuntamiento puntaumbrieño.
UPU ANUNCIA DENUNCIA
Por su parte, el portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha anunciado que su formación volverá a llevar a los tribunales el acuerdo adoptado hoy en pleno por el que se inicia el procedimiento de una nueva venta de las parcelas de las torres incumpliendo la LOUA y la propia sentencia firme que anuló el primer proyecto.
“El equipo de gobierno obvia lo resuelto en su día por el Juzgado, y a sabiendas de ello vuelven a intentar vender de nuevo y a los mismos de forma ilegal las parcelas para un proyecto también ilegal” argumenta Hernández Cansino
Según el portavoz de UPU, será una nueva acción judicial a sumar a la denuncia penal por presuntos delitos de prevaricación y malversación que se interpondrá en los próximos días, a la acción contable para reclamar al equipo de gobierno la devolución al PMS del dinero ingresado por la venta gastado ilegalmente, así como la acción patrimonial para que restituyan a las arcas públicas la indemnización que el ayuntamiento deba pagar a la empresa por la adjudicación ilegal del proyecto.
José Carlos Hernández ha añadido que “los juzgados han declarado hasta en 5 sentencias que el proyecto era ilegal y que nunca debieron adjudicarlo cuando sabían que existía un litigio judicial sobre el mismo” aclarando que esta circunstancia “ha agravado las responsabildades económicas del ayuntamiento que inicialmente se han cifrado en mas de 6,5 millones de euros”.
Por otra parte recuerda que “existen todavía dos contenciosos contra la modificación urbanística que contemplaba las dos torres, uno de ellos interpuesto por el Ministerio de Transición Ecológica por incumplimiento de la ley de costas del proyecto, además de la falta de firmeza de la última sentencia”. “El Juez ha dicho muy claramente que un bien litigioso no se puede vender”, aclara Cansino.
Para Hernández Cansino, “la alcaldesa pese a las numerosas advertencias que hicimos, aprobó y adjudicó un proyecto ilegal e insostenible, aún a riesgo de dañar la imagen y las arcas públicas de nuestro pueblo, así lo reconoció la justicia y ahora se vuelve a saltar a la torera las resoluciones judiciales para volver a beneficiar a los mismos”. “ Todo esto lo tendrá que pagar de su bolsillo primero, y luego irse”, concreta Cansino.
Por último – insiste- “que los eventuales daños que se han generado y se generarán en esta nueva intentona ilegal, tendrán que asumirlos quienes lo han aprobado incluso incumpliendo las sentencias judiciales recaídas”. Según aclaró Cansino “Los ciudadanos no tienen por qué pagar los chanchullos de sus gobernantes, así que agotaremos todas las vías legales posibles para que los responsables asuman las consecuencias legales de sus actos y las económicas de su bolsillo ”.
