La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha abonado 291.449,25 euros a los colegios profesionales de abogados y procuradores de Huelva en concepto de prestación de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita en la provincia en el segundo trimestre de este año. El pago se ha hecho aplicando por primera vez el nuevo Reglamento, aprobado a finales de julio por el Consejo de Gobierno, lo que ha permitido agilizar y recortar los plazos.
Así, la Consejería que dirige Juan Marín ha podido abonar un primer pago con el que se saldan las certificaciones correspondientes tanto al turno de oficio como al de guardias realizados durante el segundo trimestre del año y que cumplen con todos los requisitos necesarios. En un segundo pago, por tanto, quedan todas aquellas que por algún motivo presentan errores o les falta alguna documentación y que deben ser corregidas y remitidas de nuevo a la Consejería para su subsanación.
De esta forma, en esta primera tanda se han transferido a los colegios profesionales de toda Andalucía 6.408.993,30 euros. Una vez que el resto de certificaciones sean acreditadas correctamente, se procederá a su abono.
En concreto, de los casi 300.000 euros que corresponden a Huelva, la mayor parte -269.859,25 euros- se destina a sufragar la prestación realizada por los abogados. Así, por el turno de oficio los letrados recibirán un total de 174.154,25 euros y 95.705 euros por el turno de guardia. Por su parte, a los procuradores onubenses les corresponden 21.590 euros por el turno de oficio.
La delegada territorial de Justicia en Huelva, María Ángeles Muriel, ha explicado que gracias “a la reforma acometida desde la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación se ha podido fraccionar el pago, de tal forma que aquellos profesionales que entregan sus certificaciones de forma correcta no tienen que esperar a que todos subsanen errores para poder cobrar, ya que antes solo se permitía hacer un único pago”.
“Queríamos abonar también el primer trimestre con esta fórmula, pero el estado de alarma ha demorado su tramitación”, ha añadido Muriel. “No obstante, ha sido posible pagar ya este segundo trimestre, y quizás es más importante que nunca recortar esos plazos porque hay abogados y procuradores que se están viendo muy afectados por la crisis que está provocando el coronavirus”.
“Una vez más demostramos que cumplimos nuestros compromisos y así lo hemos hecho con estos profesionales que tan importante labor desarrollan en nuestra comunidad”, ha puntualizado la delegada.
