El diputado nacional por el PSOE de Huelva José Luis Ramos ha destacado este viernes que las medidas económicas del Gobierno en la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 suponen la «prioridad» de «la protección social del empleo y de las empresas en la provincia de Huelva.
En este sentido, en rueda de prensa, Ramos ha destacado que hay que trabajar en «el tratamiento y la vacuna» para «la pandemia económica» y ha subrayado que esta semana se ha producido un consenso de los agentes sociales con el Gobierno y que se ha dado un «ejemplo» prorrogando los ERTE y las ayudas al cese de actividad de los autónomos, algo que considera «muy importante» porque «hay que atender a lo urgente, que es salvar puestos de trabajo y mandar un mensaje de seguridad a las empresas a las que hay que ayudar».
Esto, ha destacado, en la provincia de Huelva es «fundamental» ya que cerró el mes de abril con 20.713 trabajadores en ERTE y el 28 de septiembre con 2.781 trabajadores, con lo que «se ha recuperado el 86 por ciento de los trabajadores», algo que califica como «un buen dato» que demuestra que «muchos han vuelto a su trabajo», a la par que ha reseñado que «hay que proteger a los que quedan y por eso se prorrogan estos ERTE en mejores condiciones que en el mes de marzo».
Así, ha destacado que esto se hace con la retribución del 70 por ciento de su base de cotización y con la exoneración a las empresas del 85 por ciento de las cuotas a las seguridad social. Además, ha apuntado que se crean dos figuras fundamentales, el ERTE por impedimento, lo que significa que aquellas empresas que por normativa sanitaria hayan tenido que cerrar tendrán exoneradas el cien por cien de las cuotas a la seguridad social, por lo que «se cubre el coste social a las empresas y a los trabajadores».
La segunda figura es la del ERTE por limitación, es decir, aquellas empresas que no han cerrado pero sí han visto limitada su facturación y su producción, y tendrán también una exoneración hasta el final de año. Por ello cree que estos mecanismos «han funcionado» y que han sido «un sostén social fundamental».
En este contexto, Ramos ha destacado que el ERTE en la provincia de Huelva supone un gasto mensual de 1,6 millones para los 2.781 trabajadores, lo que supone «una inversión importante».
A esto se le une la protección a los autónomos, «en una provincia donde los negocios de pequeños autónomos superan el 80 por ciento, prorrogando el cese de la actividad, ya que muchos de los autónomos que solicitaron el cese en el mes de abril aún no habían recuperado el pulso de su actividad y necesitaban el mismo colchón».
Así, en abril se presentaron en la provincia 13.000 solicitudes de ayuda para autónomos, que supuso «una inversión de 32 millones de euros mensuales» y que «aunque muchos hayan vuelto a su actividad aún necesitan ayuda» por lo que «se va a seguir cubriendo a lo autónomos». Todo esto, ha subrayado Ramos, ha supuesto una inversión mensual del Gobierno de 35 millones de euros en la provincia.
También se protege a los fijos, discontinuos y se crear una protección para los trabajadores de temporada «que también ha sido una petición muy demandada en la provincia».
En total, ha reiterado Ramos, en la provincia, si se suman las prestaciones por desempleo, los autónomos y los ERTE, afecta a más de 63.000 personas.
USO DE SUPERÁVIT
En cuanto a la medida anunciada este miércoles por el Gobierno de suspender las reglas fiscales para todas las administraciones para este año y el 2021 permitirá que los ayuntamientos puedan recurrir «sin límite» de sus remanentes de tesorería en este año y el próximo, Ramos ha destacado que esto va a suponer «una inyección de liquidez» para los ayuntamientos «que podrán poner el dinero a disposición del municipio».
Esto ha sido, ha apuntado ha sido «una de las demandas de los ayuntamientos» y con esta suspensión de la regla de gasto «los ayuntamientos podrán usar la totalidad de sus remanentes de tesorería», lo que, a su juicio, es «una gran noticia» porque «la apuesta por el municipalismo es una apuesta segura» ya que «los alcaldes son los que mejor conocen las necesidades de sus ciudadanos», al tiempo que cree que ha sido una decisión «valiente» por parte del Ministerio de Hacienda que «va a repercutir en el conjunto de la provincia».
