PNL del PSOE para que se abran los servicios sanitarios cerrados

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La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva María Márquez ha anunciado este martes que su grupo va a presentar una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento andaluz para exigir a la Junta de Andalucía la restitución de los servicios sanitarios que se han visto «recortados» en las zonas rurales de la provincia.

Así lo ha puesto de manifiesto Márquez en rueda de prensa, donde ha remarcado que el PSOE continuará apoyando las movilizaciones vecinales emprendidas para solicitar mejoras en el servicio sanitario, sobre todo teniendo en cuenta la complicada coyuntura actual debido a la pandemia.

Del mismo modo, la socialista ha incidido en la importancia de que se restablezcan los servicios de urgencias en localidades como San Bartolomé de la Torre, El Rocío, Matalascañas, Escacena del Campo, Paterna del Campo, entre otros, así como ha pedido la reapertura del centro de salud de El Almendro y la apertura del nuevo centro de Gibraleón.

Asimismo, la parlamentaria ha lamentado que la provincia se encuentre «peor» ahora que al principio de la pandemia como evidencian los datos ya que si antes la media de contagios estaba en «unas ocho o nueve personas ahora está en unas 25».

Además, Márquez ha llamado la atención sobre «el aumento de la presión hospitalaria», por lo que considera que la Junta de Andalucía, «en vez de recortar, tiene que reforzar la sanidad pública».

En esta misma línea se ha referido a la situación de la dependencia y ha criticado «el decretazo» del Gobierno andaluz a este respecto que supondrá «quitarle a los ayuntamientos» competencias en este sentido cuando son «la primera puerta» a la que llaman las personas que precisan de prestaciones.

Márquez, que ha indicado que los socialistas pondrán en marcha los distitos mecanismos y recursos posibles para intentar frenar esta decisión de la Junta, ha apuntado que desde el Gobierno andaluz argumentan que se lleva a cabo para agilizar el acceso a estas prestaciones. No obstante, como ha agregado, la Junta tarda «de media 640 días para dar una prestación».

A nivel provincial, ha recordado que desde diciembre de 2019 a julio de 2020 hay un descenso de 178 personas, pasando de 16.525 usuarios a 16.347, lo que evidencia «el desinterés» de la Junta por «defender un derecho como la dependencia».

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