El juez de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte ha abierto una investigación tras la “grave filtración” de los detalles de la operación contra una organización criminal dedicada al tráfico de hachís que se iba a desarrollar en la mañana de hoy miércoles con 16 detenciones y 27 entradas y registros previstos, un operativo finalmente “frustrado” dada la “precisión, amplitud y antelación” de dicha “filtración”.

En una providencia dictada hoy miércoles, el instructor explica que las actuaciones fueron incoadas el día 17 de febrero de 2020 por presunto delito de tráfico de hachís por organización criminal (“revelándose posteriormente indicios de presunto delito de contrabando y trata de seres humanos”), y se encuentran declaradas bajo secreto de sumario, “habiendo sido tramitadas íntegramente, sin acceso de personal funcionario”, por el propio juez y el letrado de la Administración de Justicia.

En este sentido, el instructor precisa que, para las 6,00 horas de hoy, la fuerza actuante coordinada solicitó 27 autorizaciones de entrada y registro en domicilios y fincas de los investigados, y para tal finalidad han sido coordinados y movilizados cuatro equipos del Grupo de Acción Rápida, con base en La Rioja; dos grupos de la Unidad de Seguridad Ciudadana; tres equipos de intervención del Cuerpo Nacional de Policía; personal de Vigilancia Aduanera; personal del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Huelva y sus equipos de Policía Judicial; medios aéreos (un helicóptero); guías caninos; autobús y furgones habilitados para el traslado de detenidos.

A todo ello hay que sumar, según expone el juez en la resolución, un “elevado” número de agentes destinados a labores auxiliares y de seguridad, ascendiendo el operativo final a unos 200 agentes aproximadamente.

El instructor asevera que, a las 6,00 horas de hoy, “la totalidad de los investigados se había evadido del domicilio, imposibilitando su detención, encontrándose los mismos con las puertas de entrada abiertas y los letrados designados para la defensa aguardando a la fuerza pública interviniente”, mientras que a lo largo de la mañana “han sido encontrados un total de tres investigados (de 16 objetivos de la investigación)”. Asimismo, “en parte de los domicilios, incluso, los investigados habían removido los bienes de mayor valor, tales como televisiones panorámicas”.

Dado “lo grave de la filtración, la precisión, amplitud y antelación de la misma y, derivado de ello, la frustración completa de la legítima finalidad de la instrucción”, el juez ordena que, “sin demora y en todo caso en el plazo de dos días”, se lleven a cabo una serie de diligencias por parte de la fuerza actuante, principalmente el EDOA de la UOPJ de la Guardia Civil de Huelva y DAVA de la Agencia Tributaria de Huelva.

De este modo, el juez reclama a la fuerza actuante que confeccione un “listado de sujetos detenidos y filiación completa de aquellos que han resultado evadidos, en orden a determinar la expedición sin demora de requisitorias de búsqueda, detención y personación”, mientras que también ordena una “dación de cuenta de las gestiones a realizar por cada grupo actuante en orden a determinar el origen de la filtración, su naturaleza, y actuaciones a implantar y desarrollar para atajar en el futuro la deriva sufrida en la investigación”.

En tercer lugar, ordena también la “dación de cuenta del personal investigador, o ajeno a la investigación, que presentaba razón de conocimiento de la totalidad de los objetivos a registrar en fecha anterior al día 9 de octubre de 2020 (fecha de presentación de la solicitud en el Juzgado)”.

El instructor acuerda dar traslado del contenido de la providencia al general jefe de Zona de la Guardia Civil de Andalucía y al jefe del Área Regional de Vigilancia Aduanera de Andalucía, así como al Servicio de Asuntos Internos de la DAO de la Guardia Civil y unidades equivalentes del Cuerpo Nacional de Policía y Agencia Tributaria, en caso de que cuenten con algún tipo de previsión orgánica o estatutaria similar, “tendente al completo esclarecimiento de los hechos”.