La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, miembro del Círculo Empresarial de Turismo lamenta que «en lugar de soluciones preventivas o propuestas de ayudas al sector, se opte por imponer políticas restrictivas al sector, que de manera cierta suponen una limitación continua en el desarrollo de su actividad».
A juicio del sector, se sigue poniendo el foco de los contagios en la hostelería de manera injustificada y sin aportar datos a ese respecto. Por el contrario, según datos facilitados por BI Sectorial – Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que establecen la incidencia de COVID-19 por sectores, «solamente el 5,35% de los trabajadores del sector hostelero han tenido baja laboral por el virus frente a otros sectores como el sanitario (33,90%) o incluso el comercio (7,25%). Se trata de datos relativos a los trabajadores, porque en España, a diferencia de otros países, no hay registro de contagios de la población por sectores. Es el caso de Inglaterra, donde los datos reflejan que la hostelería no es vector de contagio, ya que sólo el 3% de las infecciones de la población por COVID-19 en el país se han producido en hostelería, según el informe de Public Health England (PHE)».
Dentro de todo este contexto de medidas desproporcionadas sobre el sector, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, a través de su Confederación Nacional, Hostelería de España ha presentado un escrito de demanda contra el Acuerdo del Consejo Interterritorial, por el que se ha anunciado a la Audiencia Nacional que? disposiciones se quieren recurrir de dicho acuerdo, entendiendo que las mismas no son conformes a Derecho.
Desde el sector se insiste en que “deje de situarse el foco de contagio en este, porque no existen evidencias sanitarias ni datos que justifiquen las restricciones a las que nos están sometiendo”.
Por otra parte, se sigue exigiendo a las Administraciones «una consideración y respeto similar a la riqueza que aporta al PIB, donde representaba el 6,2% a través de los más de 300.000 establecimientos hosteleros que daban empleo a 1,7 millones de personas, antes del comienzo de la pandemia. La criminalización del sector solo agrava la situación que ya sitúa en 100.000 el número de establecimientos hosteleros, que podrían echar el cierre con lo que supone de pérdida de miles de puestos de trabajo en todo el país, y que en el caso de nuestra provincia ya ha costado la perdida de más de un 15% de las empresas hosteleras que operaban antes de la crisis y una perdida de empleo al mes de septiembre de un -15,8%».
