UPU denunciará la nueva venta de las parcelas de las torres en Punta

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El portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha anunciado que su formación volverá a llevar a los tribunales el nuevo acuerdo de  venta de las parcelas de las torres, “que pretende aprobar la alcaldesa el próximo miércoles en pleno incumpliendo la LOUA y la propia sentencia firme que anuló el primer proyecto”.

“El equipo de gobierno obvia lo resuelto en su día por el Juzgado, y a sabiendas de ello vuelven a intentar vender de nuevo y a los mismos de forma ilegal las parcelas para un proyecto también ilegal”, ha argumentado Hernández Cansino

José Carlos Hernández añadió que “los juzgados han declarado hasta en 5 sentencias que el proyecto era ilegal y que nunca debieron adjudicarlo cuando sabían que existía un litigio judicial sobre el mismo”, aclarando que esta circunstancia “ha agravado las responsabildades económicas del ayuntamiento que inicialmente se han cifrado en mas de 6,5 millones de euros”.

Según recordó, “existen todavía 5 procedimientos judiciales pendientes de resolver: dos contenciosos contra la modificación urbanística que contemplaba las dos torres, uno de ellos interpuesto por el Ministerio de Transición Ecológica por incumplimiento de la ley de costas del proyecto, otro contencioso contra el primer trámite de la nueva venta y otros dos interpuestos por la propia empresa RIAUMBRÍA”. “El Juez ha dicho muy claramente que un bien litigioso no se puede vender”, aclaró Cansino.

Para Hernández Cansino, “la alcaldesa pese a las numerosas advertencias que hicimos, aprobó y adjudicó un proyecto ilegal e insostenible, aún a riesgo de dañar la imagen y las arcas públicas de nuestro pueblo, así lo reconoció la justicia y ahora se vuelve a saltar a la torera las resoluciones judiciales para volver a beneficiar a los mismos”. “ Todo esto lo  tendrá que pagar de su bolsillo primero, y luego  irse” concretó Cansino.


Por último – insistió-  “que los eventuales daños que se han generado y se generarán en esta nueva intentona ilegal, tendrán que asumirlos quienes lo han aprobado incluso incumpliendo las sentencias judiciales recaídas”. Según aclaró Cansino “Los ciudadanos no tienen por qué pagar los chanchullos de sus gobernantes, así que agotaremos todas las vías legales posibles para que los responsables asuman las consecuencias legales de sus actos y las económicas de su bolsillo”.

Según el portavoz de UPU, para depurar las responsabilidades en las que ya se ha incurrido “se interpondrán denuncia penal por presuntos delitos de prevaricación y malversación,  acción contable para reclamar  al equipo de gobierno la devolución al PMS del dinero ingresado por la venta gastado ilegalmente, así como la acción patrimonial para que restituyan a las arcas públicas la indemnización que el ayuntamiento deba pagar a la empresa por la adjudicación ilegal del proyecto, que se ampliarán con las que se generarán con esta nueva intentona de venta ilegal”

 

 

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