El portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha anunciado este domingo que su formación volverá a llevar a los tribunales el nuevo acuerdo de venta de las parcelas de las torres que pretende aprobar la alcaldesa mañana en pleno incumpliendo la LOUA y la propia sentencia firme que anuló el primer proyecto.
“El equipo de gobierno obvia lo resuelto en su día por el Juzgado, y a sabiendas de ello vuelven a intentar vender de nuevo y a los mismos de forma ilegal las parcelas para un proyecto también ilegal”, argumenta Hernández Cansino.
A este respecto, José Carlos Hernández ha añadido que “los juzgados han declarado hasta en 6 sentencia, la última hace escasos días, que el proyecto era ilegal y que nunca debieron adjudicarlo cuando sabían que existía un litigio judicial sobre el mismo”, al tiempo que ha aclarado que esta circunstancia “ha agravado las responsabilidades económicas del ayuntamiento que inicialmente se han cifrado en unos 7 millones de euros entre indemnizaciones u devoluciones”.
Según recordó “existen todavía 5 procedimientos judiciales pendientes de resolver: dos contenciosos contra la modificación urbanística que contemplaba las dos torres, uno de ellos interpuesto por el Ministerio de Transición Ecológica por incumplimiento de la ley de costas del proyecto, otro contencioso contra el primer trámite de la nueva venta y otros dos interpuestos por la propia empresa RIAUMBRÍA”.
“No hay justificación alguna para volver a vender ahora. El dinero recaudado será para devolverlo e indemnizar a la empresa RIAUMBRÍA, y las obras no podrían comenzar hasta que se resuelvan los procedimientos judiciales. Eso, si el juzgado no para antes la nueva venta ilegal”, aclaró José Carlos Hernández.
Para Hernández Cansino, “la alcaldesa pese a las numerosas advertencias que hicimos, aprobó y adjudicó un proyecto ilegal e insostenible, aún a riesgo de dañar la imagen y las arcas públicas de nuestro pueblo, así lo reconoció la justicia y ahora se vuelve a saltar a la torera las resoluciones judiciales para volver a beneficiar a los mismos”. “ Todo esto lo tendrá que pagar de su bolsillo primero, y luego irse”, concretó Cansino.
Por último – insistió- “que los eventuales daños que se han generado y se generarán en esta nueva intentona ilegal, tendrán que asumirlos quienes lo han aprobado incluso incumpliendo las sentencias judiciales recaídas”. Según aclaró Cansino, “los ciudadanos no tienen por qué pagar los chanchullos de sus gobernantes, así que agotaremos todas las vías legales posibles para que los responsables asuman las consecuencias legales de sus actos y las económicas de su bolsillo”.
Según el portavoz de UPU, para depurar las responsabilidades en las que ya se ha incurrido “se interpondrán denuncia penal por presuntos delitos de prevaricación y malversación, acción contable para reclamar al equipo de gobierno la devolución al PMS del dinero ingresado por la venta gastado ilegalmente, así como la acción patrimonial para que restituyan a las arcas públicas la indemnización que el ayuntamiento deba pagar a la empresa por la adjudicación ilegal del proyecto, que se ampliarán con las que se generarán con esta nueva intentona de venta ilegal”.
