La parlamentaria onubense María Márquez ha manifestado hoy que el PSOE de Huelva, tal y como ha anunciado hoy el PSOE regional, se une a las reivindicaciones de sindicatos y patronal del Servicio de Ayuda a Domicilio -CCOO, UGT, CECUA, FORO y Faecta-, que piden “una subida del precio/hora real y adecuada frente al incremento insuficiente, atrasado y que no repercute de verdad en las trabajadoras aprobado por el Gobierno de la Junta de Andalucía”.
Según ha manifestado la parlamentaria, el precio/hora actual no llega a cubrir el sobrecoste de los EPI ni los desplazamientos de las trabajadoras, de modo que “exigimos el aumento a 18 euros del precio de cada hora de servicio para garantizar las mejoras laborales y salariales de las plantillas de estos trabajadores, en su inmensa mayoría mujeres, así como la mejora y unificación de los pliegos de condiciones”, ha dicho.
El sistema de la dependencia, gracias a la Ley de Dependencia que se aprobó en 2006 con un Gobierno socialista, es competencia de la comunidad autónoma, que lo ejecuta gracias –en buena medida- a la ayuda económica que recibe del Estado. Andalucía es la principal receptora de los fondos del Estado para la Dependencia. Los Presupuestos Generales del Estado han incrementado para este año 2021 la cuantía de esa ayuda en un 57,7 por ciento, por lo que “el Gobierno de Moreno Bonilla no tiene excusa alguna para no aceptar estas justas reivindicaciones”.
Mientras que Moreno Bonilla “regatea con un tema tan importante, instituciones como la Diputación de Huelva aprueban medidas para beneficiar a estas mujeres”. Así, en plena tercera ola de la pandemia, ha vuelto a proporcionar material de protección a las auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio de la provincia con una aportación de más de 160.000 euros para que la empresa adjudicataria de la prestación del servicio adquiera equipos de protección individual (EPIs) que ayuden a la seguridad de las auxiliares y, por ende, a las personas usuarias a quienes prestan su servicio”. De este modo, “aunque no es de su competencia –ha remarcado la parlamentaria-, la Diputación ha contribuido a mejorar las cosas por responsabilidad”. En Huelva hay unas 1.700 trabajadoras que prestan servicio a unas 5.000 personas.
María Márquez ha señalado que esta subida salarial “no puede recaer de ninguna manera sobre los ayuntamientos y diputaciones, que ya vienen soportando los sobrecostes del servicio en la pandemia a pulmón mientras Moreno Bonilla mira a otro lado”. La parlamentaria socialista por Huelva ha comentado que estas mujeres “prestan un servicio esencial, su trabajo es encomiable, cuidan de nuestros mayores y dependientes con toda profesionalidad y con grandes dosis de cariño, tan necesarias en este tipo de trabajos, por lo que merecen estar bien pagadas y que no sientan que su labor no está considerada en su justa medida”, ha concluido.
