El portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha anunciado este viernes que su formación ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario en el que se propone iniciar expediente de exigencia de responsabilidad patrimonial a la alcaldesa y concejales por los daños y perjuicios sufridos por el ayuntamiento como consecuencia de la nulidad declarada judicialmente de la venta de las parcelas de los antiguos depósitos para la construcción del proyecto de las torres.
Concretamente cifran en 1,72 millones de euros la cantidad que deberán de pagar de su bolsillo la alcaldesa y los concejales que votaron a favor del proyecto declarado ilegal. “Esa es la cantidad con la que el Ayuntamiento tendrá que indemnizar a RIAUMBRÍA y que el ayuntamiento a su vez debe repercutir en los responsables que votaron a favor pese a las advertencias de ilegalidad”, aclaró Cansino
José Carlos Hernández añadió que “el Juez en la sentencia precisamente recalca que nunca debieron adjudicar el proyecto cuando sabían que existía un litigio judicial sobre el mismo” aclarando que esta circunstancia “ha agravado las responsabilidades económicas del ayuntamiento”.
Para Hernández Cansino, “la alcaldesa pese a las numerosas advertencias que hicimos, aprobó y adjudicó un proyecto ilegal e insostenible, aún a riesgo de dañar la imagen y las arcas públicas de nuestro pueblo, y ahora tendrá que restituir el daño producido al pueblo”.
Hernández Cansino recuerda que “ la ilegalidad del proyecto, algo que advertimos por activa y por pasiva desde el minuto 0 y pese a ello la alcaldesa y equipo de gobierno y las concejalas tránsfugas que votaron a a favor siguieron adelante causando graves perjuicios al pueblo. Su responsabilidad es obvia”, y añadió que “la nulidad del proyecto era la crónica de una muerte anunciada”.
Por eso – ha argumentado – “el daño producido tendrán que asumirlos quienes aprobaron el proyecto a sabiendas de que era ilegal, con los avisos que se han dado y las sentencias que existen con pronunciamientos por similares casos”. Según aclaró Cansino “Los ciudadanos no tienen por qué pagar los chanchullos de sus gobernantes, así que agotaremos todas las vías legales posibles para que los responsables asuman las consecuencias legales de sus actos y las económicas de su bolsillo”.
Por último recordó, que tanto la alcaldesa como los 4 concejales del equipo de gobierno a los que se pide responsabilidad, así como el secretario del Ayuntamiento deben de abstenerse de participar en el pleno, de obligada convocatoria, al tener interés directo manifiesto en el asunto.
