El fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Huelva, Alfredo Flores, ha resuelto el archivo de la denuncia presentada por el presunto incumplimiento en la provincia de los protocolos de vacunación contra el Covid-19, al no encontrar motivo alguno o caso que pudiera hacer pensar que se estaba actuando de manera no conforme a la normativa establecida.
Según consta en el decreto de archivo, al que ha tenido acceso HuelvaYa, «el día 29 de enero se recibió procedente del Decanato de los juzgados, escrito dirigido a esta Fiscalía, remitido vía lexnet y con firma digital de quien manifestaba ser letrada. En dicho escrito presentado en su nombre y en el de su madre de 82 años y donde no se aportaba ninguna documentación, se denunciaba, una situación general de incumplimiento de los protocolos de vacunación del Covid-19 por parte de la Delegación Provincial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía con perjuicio para su madre. No se concretaba denuncia contra persona en Huelva ni se atribuía a alguien identificado un acto concreto».
Se solicitaban del Ministerio Fiscal actuaciones «que suponían una investigación general y prospectiva sin unos mínimos indicios claros y relevantes que permitiesen en ese momento una actuación acorde con las exigencias constitucionales; por todas la Sentencia TS nº 521/2015».
Por consiguiente, se prosigue desde la Fiscalía, «la cuestión era, dilucidar, en primer término, si los hechos denunciados pueden incardinarse en algún tipo penal, y en segundo lugar si existía algún elemento o principio de prueba en concreto que permitiese iniciar diligencias de investigación. No constaban datos contrastados y suficientes, de delitos del CP, que justificasen una investigación general penal en nuestra provincia habida cuenta de que no constaba ni siquiera identificada una persona física ni algún acto de la misma con perjuicio para la denunciante, ni siquiera una falta de capacidad de la madre de esta que le impidiese denunciar por sí misma.
El único caso publicado en prensa el 22 de enero, había sido el de una concejal en la localidad de Bonares que por ello había dimitido».
Por todo ello, se aperturó el presente expediente, del que se informó a la FGE y la Fiscalía Superior de Andalucía, teniendo en consideración las observaciones de la FGE (noticias de prensa del 26 de enero), sobre la necesidad de investigar mínimamente estos temas por el rechazo social producido ante conductas insolidarias en la vacunación.
El 1 de febrero se solicitó un informe a la Delegación Provincial de Salud sobre las circunstancias denunciadas, protocolos y normativa para la vacunación Covid-19 y, en su caso, si han sido detectados incumplimientos de dicha normativa en nuestra provincia, documentación que le fue remitida ayer mismo por parte de la Administración autonómica.
En ella, subraya la Fiscalía, «consta la existencia de un completo y detallado protocolo de vacunación y ningún incumplimiento del mismo», al tiempo que subraya que «es destacable como el informe del distrito sanitario norte explica el procedimiento seguido cuando se contaba con más vacunas disponibles de las suministradas a profesionales de los grupos 1 y 2, de tal forma que para evitar su perdida se ofrecía su suministro a los del grupo 3 entre los que se encuentran todos aquellos que trabajan en centros y establecimientos sanitarios según el protocolo de vacunación para Covid-19 aprobado en la reseñada instrucción 8/2020 de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud de la Junta (f 5 y ss)».
«Por todo ello y dejando expresa constancia del reconocimiento al trabajo y profesionalidad de todo el personal sanitario y sociosanitario de la provincia, resuelvo: Archivar el presente Expediente Gubernativo», concluye el escrito de la Fiscalía.
