Nueva protesta para reclamar Urgencias 24 horas en San Bartolomé

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Varios meses después de interrumpir sus protestas como consecuencia de la tercera ola de la pandemia de coronavirus, y cuando se cumple un año desde la entrada en vigor del Estado de Alarma, el movimiento vecinal ‘Urgencias ya’ de San Bartolomé de la Torre retomó ayer sus acciones encaminadas a reivindicar la restitución del Servicio de Urgencias 24 horas en el Centro de Salud del municipio, interrumpido desde entonces por la Junta de Andalucía.

Así, bajo el lema ‘Urgencias ya’, casi un centenar de bartolinas y bartolinos, incluida la alcaldesa de la localidad, María Eugenia Limón, han participado este lunes en una nueva concentración frente a la sede de la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta en Huelva, donde han procedido a la lectura de un manifiesto en el que han querido dejar claro que cuentan con el respaldo de todo el tejido asociativo y empresarial del municipio tras haber recogido más de 1.500 firmas.

En el mismo también manifiestan que, tras varias concentraciones durante los últimos meses del año pasado, y tras haber mantenido reuniones tanto con la delegada de Salud, como con el director del distrito sanitario, así como incluso tras haber llevado sus reivindicaciones hasta las puertas del Parlamento de Andalucía, “aún no hemos logrado llegar a ningún tipo de acuerdo, y ni siquiera han sido capaces de darnos una explicación objetiva y justa de porque no se puede restablecer dicho servicio, el cual ya teníamos de pleno derecho desde hace más de 25 años”.

Todo ello, prosigue, a pesar de las “preocupaciones e incertidumbres que ocasiona dicha situación, sobre todo entre la ciudadanía más vulnerable, como son nuestras y nuestros mayores y menores”, y pese a “haberles ofrecido un conjunto de medidas y sugerencias que estamos convencidos que pueden satisfacer las necesidades de ambas partes”.

Por su parte la alcaldesa ha señalado que desde el cierre del servicio las vecinas y vecinos han vivido momentos de “mucha angustia, y hasta incluso de terror”, ya que para ser atendidos tienen que desplazarse a Gibraleón, que se encuentra a 20 minutos de San Bartolomé de la Torre, lo que provoca que “haya casos que no se pueden solucionar si no son atendidos con carácter urgente”, por lo que desde el Ayuntamiento “mostramos nuestro compromiso” con el movimiento vecinal “para llevar las reclamaciones a dónde haga falta”.


La primera edil también ha recordado que las vecinas y vecinos de San Bartolomé llevan ya un año de lucha, lamentando que “siguen sin respuesta y sin servicio de Urgencias” a pesar de que el municipio inició la pandemia con la población “duplicada” por la campaña agrícola, lo cual se repite justo un año después.

María Eugenia Limón ha afirmado por otra parte que las bartolinas y bartolinos “no son ciudadanos de segunda, ni de tercera”, por lo que “merecen unas Urgencias dignas como las que tenían”, al tiempo que ha subrayado que desde el Ayuntamiento se había solicitado a la Junta la puesta en marcha de un Equipo Móvil de Cuidados Avanzados (EMCA), ya que lo que piden son “los mismos derechos que tiene el resto de la provincia”. Y “ahora que tanto se habla del reto demográfico -añadió- debería haber una apuesta por las zonas rurales y por los pueblos pequeños, como es el caso de San Bartolomé”.

Finalmente se ha referido a que, en las diferentes reuniones mantenidas con la Junta, ésta les ha manifestado que el servicio de Urgencias “iba a ser restituido en el momento en el que las circunstancias mejorasen” y que ahora el municipio “lo necesita más que nunca”, porque ha vuelto a duplicar la población con el inicio de una nueva campaña agrícola, y éste no ha sido aún repuesto”.

La alcaldesa de San Bartolomé también ha recordado que alrededor de 21 localidades de la provincia de Huelva han perdido, o han visto reducidos sus servicios de Urgencias desde el inicio de la pandemia, a lo que ha añadido que la Junta alega “falta de ratio poblacional”, argumento que las vecinas y vecinos no consideran “razón suficiente” por parecerle “injusta y discriminatoria” ya que “el valor de la vida humana no se puede medir estadísticamente por la ratio de población”.

 

 

 

 

 

 

 

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