El parlamentario andaluz de VOX por Huelva, Rafael Segovia, ha preguntado a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, “qué medidas concretas va a tomar la Junta de Andalucía para solucionar los problemas tan graves e injustos que están sufriendo los agricultores de Huelva”.
Según ha explicado el representante de VOX, la actual campaña de frutos rojos -en la que la incidencia de Covid-19 entre los trabajadores ha sido mínima- ha visto disminuida la demanda por el cierre de fronteras, al tiempo que el clima ha retrasado la maduración de la fruta, dificultando la recolección y la venta “al coincidir con la campaña de países extracomunitarios con los que cuesta competir porque Europa no les exige las mismas condiciones que a nuestros productos”.
Tal y como ha expuesto el diputado andaluz, el sector de la fresa de Huelva cuenta con más de medio siglo de historia y, según un informe reciente de la Interprofesional de la Fresa Andaluza, supone cerca del 98% de la producción nacional. A la fresa y el fresón se han incorporado el arándano, la frambuesa y la mora, alcanzando casi 12.000 hectáreas de cultivo, generando unos 100.000 empleos anuales y facturando más de 1.000 millones de euros.
Sin embargo, uno de los problemas crónicos del sector, según ha advertido, es “la falta de mano de obra para recoger los frutos, teniendo que recurrir a 15.000 trabajadoras marroquíes contratadas en origen”. Así, otro problema crónico derivado del anterior son, en palabras de Segovia, “los continuos e injustos ataques recibidos desde ONG y sindicatos radicales de izquierda, que acusan a los agricultores de preferir a trabajadores extranjeros para incumplir las leyes cuando la realidad es que dichos trabajadores gozan de los mismos derechos que los nacionales y se les proporciona alojamiento digno y gratuito”.
Pero aún más injusto, a su juicio, es que “esas mismas organizaciones, así como instituciones internacionales engañadas por ellos, culpen a los agricultores de las condiciones infrahumanas en las que viven los inmigrantes ilegales en los asentamientos que construyen junto a las tierras cultivadas”.
En este sentido, el también presidente de VOX Huelva ha manifestado que “todo el mundo debe saber que está penalizado y muy perseguido dar trabajo a estos inmigrantes, por lo que los agricultores, en contra de su propio interés y en contra de su propio sentimiento, no pueden atender el ruego desesperado de estas personas que no disponen de medios para alquilar un casa o para comer”.
Tal y como ha argumentado, “la actitud de la Administración española y andaluza, permitiendo la entrada y la estancia en España a personas a las que impide ganarse la vida honradamente, es hipócrita y profundamente injusta”. Asimismo, “permitir que los agricultores carguen con la culpa y se les someta a continuas inspecciones que complican y enlentecen el trabajo no tiene calificativo”.
Además, Segovia también ha hecho referencia a otro problema crónico que amenaza al sector, como es la “incomprensible” falta de agua superficial para regar las tierras situadas al norte de Doñana. Así, los agricultores de esta zona la extraen de pozos subsidiarios del acuífero que riega el parque, “recibiendo todo tipo de acusaciones y denuncias por parte de ONG y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que con la pasividad de la Junta, tratan como auténticos criminales a personas que están generando trabajo y arraigo en una de las provincias de España que más lo necesita”.
Según ha recordado, para arreglar esta situación bastaría con desdoblar la canalización a la altura del túnel de San Silvestre, pero lo impide un conflicto de competencia entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, lo que evidencia, una vez más, “el fracaso del estado de las autonomías” y la necesidad de contar con un plan hidrológico nacional.
