Rechazada la petición de que ediles de Punta respondan con su patrimonio

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El Pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría, en sesión extraordinaria, ha defendido la gestión del equipo de Gobierno en la tramitación del proyecto de la avenida Ciudad de Huelva.  De este modo, se ha rechazado la petición de Unidos Por Punta Umbría (UPU), para que los concejales respondan con su patrimonio tras la paralización del proyecto hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva.

La alcaldesa Aurora Águedo ha destacado que se actuó en todo momento sobre la base de informes técnicos y de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y le ha dicho al portavoz de UPU, José Carlos Hernández Cansino, que esta petición denota “su inquina personal contra el pueblo de Punta Umbría porque no le dio la Alcaldía”. “La gente normal viene a la política a intentar ayudar y a solucionar problemas, usted viene a la política a crear problemas”, le ha espetado. También le ha recriminado que esté pidiendo responsabilidad patrimonial “a gente honrada de Punta Umbría con el único afán de hacer ruido” .

Sobre esto último, el concejal delegado de Economía y Hacienda, Daniel Ferrera, ha manifestado durante una de sus intervenciones que la propuesta de UPU “no tiene precedentes en este Ayuntamiento”, y que se trata de una iniciativa “ruin e indigna que solo busca arruinar la imagen de personas que se han dejado la piel por su pueblo”, por lo que “no vamos a participar en este circo mediático en el que están ejerciendo de concejales, jueces y verdugos”.

UPU ANUNCIA ACCIONES LEGALES

Por su parte, el portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha denunciado hoy que  “la alcaldesa, los concejales implicados del PSOE y las tránsfugas han impedido ilegalmente en el pleno celebrado esta mañana iniciar expediente de exigencia de responsabilidad patrimonial contra ellos mismos por los daños y perjuicios sufridos por el ayuntamiento como consecuencia de la nulidad declarada judicialmente de la venta de las parcelas de los antiguos depósitos para la construcción del proyecto de las torres. Concretamente cifran en 1,72 millones de euros la cantidad que deberán de pagar de su bolsillo la alcaldesa y los concejales que votaron a favor del proyecto declarado ilegal”.


“La alcaldesa, otros dos concejales del PSOE y las dos concejalas tránsfugas tenían obligación legal de abstenerse, al tener un interés directo y personal en no tener que pagar de su bolsillo esa indemnización. Sin embargo han votado en contra impidiendo iniciar el expediente de reclamación e incurriendo en nuevas responsabilidades”, aclaró Cansino

Hernández Cansino ha anunciado que el asunto volverá a los tribunales, y ha explicado que  “la ley no permite que un alcalde o concejal sea juez y parte a la hora de decidir si él mismo debe indemnizar a su ayuntamiento por el daño ocasionado a las arcas públicas con sus decisiones”.  “Sin embargo la alcaldesa y sus concejales han votado ilegalmente y de forma determinante  en contra de la reclamación imposibilitando la misma, cuando debían de abstenerse”

José Carlos Hernández recordó que “el Juez  en la sentencia  que anuló el proyecto de las torres precisamente recalca que nunca debieron adjudicar el proyecto cuando sabían que existía un litigio judicial sobre el mismo” aclarando que esta circunstancia “ha agravado las responsabildades económicas del ayuntamiento”.

Para Hernández Cansino, “la alcaldesa pese a las numerosas advertencias que hicimos, aprobó y adjudicó un proyecto ilegal e insostenible, aún a riesgo de dañar la imagen y las arcas públicas de nuestro pueblo, y ahora tendrá que restituir el daño producido al pueblo”.

Hernández Cansino recuerda que “ la ilegalidad del proyecto, algo que advertimos por activa y por pasiva desde el minuto 0 y pese a ello la alcaldesa y equipo de gobierno y las concejalas tránsfugas que votaron a favor siguieron adelante causando graves perjuicios al pueblo. Su responsabilidad es  obvia”, y añadió que   “la nulidad del proyecto era la crónica de una muerte anunciada”.

Por eso, “el daño producido tendrán que asumirlo quienes aprobaron el  proyecto a sabiendas de que era ilegal, con los avisos que se han dado y las sentencias que existen con pronunciamientos por similares casos”. Por último, Cansino ha manifestado que “los ciudadanos no tienen por qué pagar los chanchullos de sus gobernantes, así que agotaremos todas las vías legales posibles para que los responsables asuman las consecuencias legales de sus actos y las económicas de su bolsillo”.

 

 

 

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