1,2 millones para atender a familias con menores en riesgo de exclusión

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La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha renovado los convenios de colaboración para la financiación de los equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección. Este acuerdo, que supondrá una inversión de 13,7 millones de euros por parte de la Consejería para Andalucía en 2021, beneficiará a 92 entidades locales y permitirá atender a más de 6.000 familias y 12.000 menores en toda la comunidad.

En el caso de Huelva, los ETF atendieron a 709 menores procedentes de 362 familias durante 2020. Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022, la subvención asciende en la provincia a más de 1,2 millones de euros. Esta cantidad se repartirá entre la Diputación provincial (532.836 euros), y los Ayuntamientos de Huelva (149.069 euros); Aljaraque (88.806 euros); Almonte (88.806 euros); Ayamonte (88.806 euros); Isla Cristina (88.806 euros); Lepe (88.806 euros) y Moguer (otros 88.806 euros).

La consejera Rocío Ruiz ha subrayado que este convenio abunda en el reconocimiento de la familia como institución fundamental para el desarrollo de la persona que recoge la nueva Ley de Infancia, ya en trámite parlamentario tras salvar la enmienda a la totalidad con el apoyo de la mayoría de la Cámara. Una norma que tiene, entre otros objetivos, “orientar las políticas públicas para dar una atención integral a los menores abordando sus necesidades físicas, pero también las psicológicas, emocionales, sociales e incluso del propio entorno medioambiental”.

“La familia juega un papel básico en el desarrollo infantil por los vínculos afectivos que en ella se establecen”, ha insistido, “y es muy importante el esfuerzo y compromiso de las administraciones para satisfacer y preservar ese derecho de los niños, niñas y adolescentes a una protección que garantice su desarrollo integral como personas en el seno de una familia, preferentemente con sus padres”. La labor preventiva de los equipos de tratamiento, realizada con criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años que se hayan propuesto medidas de protección para menos del 5% de los niños, niñas y adolescentes atendidos por este servicio.

La consejera ha destacado la labor del Programa de Tratamiento Familiar para “proteger a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad”. “Se trata de un recurso que constituye un pilar fundamental de la prevención y atención a la ciudadanía para el logro de unas mejores condiciones de vida, dado que se orienta a la preservación familiar, para que los niñas y niñas puedan continuar con sus familias abordándose situaciones de riesgo y desprotección”, ha subrayado.


Ruiz ha querido agradecer también el esfuerzo y dedicación de los ETF que, a pesar del confinamiento y la pandemia, “han continuado haciendo un seguimiento a las familias para dar apoyo emocional, acompañamiento y orientación de los distintos recursos que esta Consejería pone a disposición de la familias, como la Renta Mínima de Inserción Social, las Pensiones no Contributivas, las Ayudas Económicas Familiares o las Tarjetas Monedero”.

En este sentido, la responsable de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha resaltado el compromiso de su departamento con este programa y ha destacado su inclusión “como una prestación garantizada en el Catálogo de Prestaciones de Servicios sociales” bajo la denominación de Apoyo Psicosocial y Psicoeducativo de atención a la infancia y a la familia. Una prestación que tendrá aún mayor respaldo con la próxima aprobación del nuevo marco legislativo para la infancia en nuestra comunidad.

Más de 10.636 menores atendidos en 2020

Los ETF son grupos de carácter interdisciplinar conformados por 492 técnicos y 92 personas coordinadoras que actúan en 84 municipios de más de 20.000 habitantes y en las ocho diputaciones provinciales. En el último año atendieron a más de 10.636 menores y un total de 5.555 familias.

Los programas de tratamiento familiar cumplen un doble objetivo: por un lado eliminan y cortan la conducta de maltrato, y por otro persiguen instaurar y potenciar conductas positivas de relación familiar. El tratamiento a realizar tiene como finalidad promover un funcionamiento autónomo e independiente de la familia, dotándola de suficientes competencias para que alcance su plena autonomía en la solución de problemas de cara al futuro.

“Se trata de proporcionar a las familias un recurso específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras, de forma que puedan compensar así la situación de riesgo o desprotección que afecta, directa o indirectamente, al bienestar de los menores”, ha detallado Ruiz. Esta actuación se revela fundamental, además, en aquellos casos que implican medidas de protección que suponga la separación del menor de su entorno familiar, ya que posibilita el retorno a la familia de origen. La reunificación familiar se erige así como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores, primando siempre su interés superior.

Perfil de los usuarios

Según la última memoria de actividad del programa, el 28,6% de las familias destinatarias del servicio son biparentales con menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social, seguidas por núcleos monoparentales, de madres con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social (1.177 familias, el 21,19 % del total de familias atendidas), o familias en proceso de separación o divorcio sin custodia compartida (21,03%). En casi la mitad de los casos, los progenitores no tienen terminados los estudios obligatorios (47,19%), y en un 4% de los casos alcanzan los estudios universitarios.

La mayoría de las familias que participan en este programa no tienen conciencia de la existencia de un problema y del daño de su conducta en los hijos e hijas, y en muchos casos la intervención se produce a raíz de conflictos de pareja o conflictos familiares en la unidad de convivencia (48,64%), generalmente tras una separación conflictiva, uno de los escenarios que más crecen.

Asimismo, el 62% de las familias atendidas tienen ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, por lo que la situación de precariedad o inestabilidad laboral y económica se convierte en elemento de riesgo en 42,92% de los casos. También se detectan adicciones (27,27%), problemas psíquicos o comportamentales (40,47%) o relaciones conflictivas entre padres e hijos (38,83%).

 

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